Por Rossana Montero Santos

 El mecanismo de obras por impuestos (OxI) se ha consolidado como una de las herramientas más efectivas para impulsar el desarrollo regional en el Perú, un país donde aún persisten amplias brechas de infraestructura y servicios básicos. Más que una estrategia financiera representa una aplicación concreta de la Economía Social de Mercado (ESM), modelo consagrado en la Constitución, que busca equilibrar la eficiencia económica con la justicia social.

La Ley N.° 29230 permite que las empresas privadas ejecuten obras públicas–como colegios, hospitales o carreteras– y descuenten la inversión del impuesto a la renta. Este esquema promueve la libertad económica con responsabilidad social, al incentivar la participación empresarial en el bienestar colectivo. Desde su creación ha canalizado más de 15,000 millones de soles en proyectos que mejoran la calidad de vida de miles de peruanos.

La ESM, recogida en el artículo 58 de la Constitución, reconoce la iniciativa privada en un marco que prioriza la equidad y el bien común. En esa línea, el mecanismo OxI combina la eficiencia empresarial con el rol orientador del Estado.

Sus principios se reflejan en varios aspectos: libertad económica con responsabilidad social, al permitir que las empresas elijan proyectos que generen valor público; competencia en equidad y transparencia, garantizando procesos justos y auditables; crecimiento con justicia social, a través de obras que fortalecen los servicios de educación, salud y saneamiento; y subsidiariedad y cooperación, al compartir Estado y empresa la tarea de cerrar brechas.

Diversos gobiernos regionales y locales han logrado resultados destacados. En Áncash, la empresa Antamina modernizó el hospital La Caleta, mejorando la atención en Chimbote. En La Libertad, Minera Poderosa construyó infraestructura educativa moderna en Pataz, fortaleciendo el aprendizaje y el empleo local. En Cusco, proyectos de agua y saneamiento financiados por empresas privadas transformaron comunidades altoandinas. Estos casos demuestran que la colaboración público-privada puede acortar de forma significativa los plazos de ejecución: obras que, por la vía tradicional, hubieran demorado años se concretaron en menos de la mitad del tiempo.

Para las autoridades regionales y locales, este mecanismo representa una oportunidad valiosa. Aprovecharla exige fortalecer capacidades técnicas, promover la meritocracia y consolidar una cultura de trabajo colaborativo con el sector privado. Más que un desafío, se trata de una evolución necesaria hacia una gestión pública moderna basada en estabilidad, transparencia y planificación.

A su vez, las empresas pueden ver en las obras por impuestos una forma concreta de generar valor compartido. Participar en estos proyectos no solo mejora la infraestructura pública, sino que también fortalece su reputación, impulsa la innovación y evidencia un compromiso genuino con el desarrollo sostenible del país.

El mecanismo OxI es, en definitiva, una expresión viva de la Economía Social de Mercado: un modelo que promueve el progreso económico sin dejar de lado la equidad, la cooperación y la responsabilidad social.