La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que la investigación preliminar seguida contra Piero Alessandro Corvetto Salinas, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), continúa en trámite en el marco de sus competencias constitucionales, tras los cuestionamientos surgidos durante las Elecciones Generales 2026.

EVALÚAN 2 600 DENUNCIAS CIUDADANAS

A través de un comunicado oficial, el organismo precisó que ha recibido un total de 2 664 denuncias presentadas por ciudadanos en relación con hechos ocurridos durante la jornada electoral del pasado 12 de abril. Estas denuncias, según indicó, están siendo evaluadas de manera rigurosa conforme a la Constitución Política del Perú, la normativa vigente y los reglamentos que rigen sus procedimientos disciplinarios.

La JNJ remarcó que, en este proceso, se garantiza el respeto al debido proceso, así como la objetividad e imparcialidad en el análisis de los hechos denunciados. En ese contexto, detalló que las diligencias continúan a cargo de un miembro instructor, quien conduce la investigación preliminar contra Corvetto por su actuación al frente de la ONPE durante el proceso electoral.

“Continúa en trámite la investigación preliminar y las diligencias respectivas (…) en atención a las competencias constitucionales de la institución”, señala el pronunciamiento, subrayando que las acciones se desarrollan dentro del marco legal correspondiente.

Como parte de sus decisiones recientes, la Junta también informó que su pleno declaró la nulidad de oficio del acuerdo de ratificación de la fiscal Gladys Maruy Fernández Portocarrero. Asimismo, dispuso la adopción inmediata de medidas administrativas frente a los funcionarios que resulten responsables en dicho caso.

El organismo reconoció la preocupación de la ciudadanía ante los cuestionamientos registrados durante los comicios y reiteró su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y la defensa de los principios democráticos.

Este proceso se desarrolla en un contexto de creciente escrutinio público sobre el desempeño de las autoridades electorales, lo que refuerza la importancia de garantizar investigaciones exhaustivas y decisiones basadas en evidencia, a fin de preservar la confianza en el sistema electoral peruano.