El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) continúa sin responder con eficacia a las advertencias de su propio sistema de control. Un informe del Órgano de Control Institucional (OCI), correspondiente al cuarto trimestre de 2025, revela que la entidad solo ha cumplido 8 de 36 recomendaciones emitidas, mientras que 23 siguen pendientes y 5 se encuentran en proceso. El bajo nivel de implementación enciende una señal de alerta sobre la gestión de recursos públicos y el riesgo de perjuicios económicos.

23 RECOMENDACIONES SON INCUMPLIDAS

La situación fue expuesta ante el Consejo Regional por el jefe del OCI, Arturo Zea Manrique, quien cuestionó la falta de acciones concretas frente a los hallazgos detectados. Según explicó, la demora o inacción frente a estas recomendaciones debilita el carácter preventivo del control gubernamental y permite que se mantengan problemas en la ejecución de proyectos.

“No se están tomando medidas oportunas. Las alertas buscan evitar daños al Estado, pero no se actúa a tiempo”, advirtió el funcionario, al remarcar que la omisión de correctivos abre la puerta a mayores riesgos en obras y procesos administrativos.

El informe también detalla un total de 232 situaciones adversas identificadas en diversas intervenciones de control, entre ellas acciones concurrentes, visitas e informes de orientación de oficio. Estas observaciones comprometen a distintas unidades ejecutoras del GRA, así como a sectores clave como Salud, Educación y el Proyecto Especial Integral Majes-Siguas (Autodema).

Las irregularidades detectadas incluyen deficiencias técnicas, sobrevaloraciones, falta de sustento en metrados y problemas en la ejecución de obras públicas. En varios casos, se han identificado infraestructuras con fallas estructurales pese a haber recibido mantenimiento, así como proyectos de saneamiento ejecutados sin contar con una población beneficiaria clara.

Uno de los ejemplos más críticos es la carretera Huambo-Majes, donde la ejecución se realiza sin supervisión técnica adecuada, incrementando el riesgo de fallas constructivas. Este tipo de omisiones, según el OCI, reflejan debilidades en la gestión y en los mecanismos de control interno del Gobierno Regional.

Asimismo, el órgano de control reportó la existencia de presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales en distintos proyectos. Entre ellos figuran la ejecución de fichas de mantenimiento, la obra en la institución educativa Manuel González Prada, en Alto Selva Alegre, y la adquisición de instrumentos musicales, todos vinculados a un uso cuestionado de recursos públicos.

Pese a este panorama, el informe también destaca un resultado puntual: el ahorro de S/ 4 millones en el proyecto del puente Arequipa–La Joya, tras detectarse partidas innecesarias en el expediente técnico. Sin embargo, este caso aparece como una excepción frente al conjunto de observaciones que aún no han sido corregidas.

El balance general es preocupante. La falta de respuesta del GRA ante las recomendaciones del OCI no solo evidencia fallas en la gestión pública, sino que prolonga los riesgos sobre el uso eficiente de los recursos del Estado, afectando directamente la ejecución de obras y servicios en la región.