La Fiscalía advirtió que seis miembros de mesa que abandonaron el escrutinio en dos colegios de Arequipa afrontan una investigación por atentado contra el derecho de sufragio. El caso se convirtió en la incidencia penal más grave reportada tras las Elecciones Generales 2026 en la región.

INVESTIGACIÓN FISCAL

Seis miembros de mesa que dejaron sus funciones en plena etapa de escrutinio durante las Elecciones Generales 2026 en Arequipa podrían afrontar penas de hasta ocho años de prisión, según informó la fiscal provincial de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero Echenique. La magistrada precisó que el hecho ya es materia de investigación penal preliminar.

El caso ocurrió en dos locales de votación: la institución educativa 40555 Romeo Luna Victoria, en Cerro Colorado, y el colegio San Juan Bautista de La Salle, en Yanahuara. Reportes de la ODPE y de medios locales coinciden en que en ambas mesas se retiraron los tres integrantes, con lo que el total de investigados asciende a seis.

Los abandonos se produjeron entre las 5:20 y las 6:20 de la mañana del lunes 13 de abril, cuando el conteo aún no había concluido. Según la reconstrucción difundida por la ODPE Cerro Colorado, los miembros de mesa salieron uno a uno con excusas breves —como ir al baño o tomar agua— y luego no retornaron, pese a que inicialmente dijeron por teléfono que volverían.

La gravedad del hecho radica en que no ocurrió durante la instalación ni en la votación, sino en el momento final del proceso, cuando las actas debían quedar completas, firmadas y bajo custodia. En Romeo Luna Victoria el conteo avanzó solo hasta presidencial y Senado nacional; en La Salle llegó hasta diputados y quedó pendiente el Parlamento Andino.

La fiscal Ana Cecilia Cordero explicó que la figura en evaluación es el delito de atentado contra el derecho de sufragio, sancionado con hasta ocho años de pena privativa de libertad si se prueba que existió dolo, es decir, intención de perjudicar el proceso electoral. La fiscal también precisó que, por ahora, no hay detenidos y que los investigados afrontarán el proceso en libertad.

Las diligencias ya fueron abiertas por las fiscalías penales correspondientes y, según la información difundida, comprenden una investigación preliminar de 30 días para recoger testimonios, actas, reportes de fiscalizadores y declaraciones del personal electoral y policial que intervino en el resguardo del material. Uno de esos expedientes fue asumido por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa.

El abandono de mesa no solo tiene una dimensión penal. El Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE recuerdan que el cargo de miembro de mesa es obligatorio y que el incumplimiento de la jornada completa acarrea además una multa administrativa de S/ 275; también implica la pérdida del bono de S/ 165 otorgado por participar en todo el proceso electoral.

La advertencia de la Fiscalía cobra más peso porque Arequipa había mostrado, en términos generales, una jornada ordenada. La región instaló el 100% de sus 4 215 mesas de sufragio y no reportó incidencias graves en la apertura del proceso. Precisamente por eso, el abandono del escrutinio sobresalió como el episodio más delicado del cierre electoral.

En el balance general presentado por la fiscal Cordero, Arequipa registró 11 ocurrencias con relevancia penal. Siete estuvieron ligadas a propaganda electoral fuera del horario permitido, una a presunta suplantación de votante y dos a abandono de mesa durante el escrutinio. Dentro de ese conjunto, el retiro de los miembros de mesa fue el hecho con mayor exposición penal por la sanción prevista en la ley.

Más allá de la eventual responsabilidad individual, el caso deja una señal institucional preocupante: cuando quienes tienen la obligación legal de custodiar y cerrar el conteo abandonan la mesa, no solo retrasan el escrutinio, sino que ponen en tensión la cadena de seguridad del voto. La investigación deberá establecer si se trató de negligencia extrema o de una conducta deliberada contra la integridad del proceso electoral en Arequipa.