Por Rocío Velazco C.

La caída de la producción de cobre en Arequipa ya no es un dato coyuntural, sino una señal de alerta estructural. En una región donde la minería sostiene cerca de un tercio de la economía y genera más de 46 mil empleos, el retroceso acumulado del sector durante más de dos años consecutivos comienza a tener implicancias que van más allá de las cifras: pone en cuestión la sostenibilidad del crecimiento regional, según el IPE.

IPE: REGIÓN PIERDE IMPULSO MINERO

Durante el primer bimestre de 2026, la producción de cobre en Arequipa alcanzó las 62 mil toneladas, lo que representa una caída de 3% respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque el descenso podría parecer moderado, confirma una tendencia negativa que se arrastra desde 2024. Ese año, la producción cayó 2.7%, mientras que en 2025 el retroceso fue de 2.6%. En términos absolutos, la región pasó de producir 453 mil toneladas en 2024 a 412 mil en 2025, una contracción de 9.3% que evidencia la pérdida de dinamismo del principal motor económico regional, refiere un reciente informe el Instituto Peruano de Economía.

El cobre no solo es el principal producto minero de Arequipa, sino también un componente clave en su estructura productiva. Por ello, cualquier variación en su desempeño impacta directamente en el empleo, la inversión y la recaudación fiscal. La actual tendencia descendente, por tanto, no es aislada, sino que refleja un enfriamiento más amplio del sector Minero regional.

Agrega que este escenario resulta especialmente preocupante si se considera que la minería ha sido históricamente uno de los pilares del crecimiento de Arequipa. La región concentra la mayor proporción de empleo minero del país, lo que la convierte en altamente dependiente de la evolución de este sector. En ese sentido, la caída sostenida de la producción de cobre podría traducirse en menores oportunidades laborales y una desaceleración económica más pronunciada en los próximos años.

Frente a este panorama, el desarrollo de nuevos proyectos mineros aparece como una condición indispensable para revertir la tendencia negativa. Sin embargo, dos de las iniciativas más importantes para la región —Tía María y Zafranal— enfrentan actualmente serios obstáculos que retrasan su ejecución y limitan las perspectivas de recuperación.

El proyecto Tía María, que contemplaba inversiones por más de 1 800 millones de dólares hasta 2027, aún no inicia su explotación, lo que pone en duda su inicio de operaciones en el corto plazo. Por su parte, Zafranal, con una inversión estimada de 1 900 millones de dólares, permanece paralizado mientras se reevalúa su viabilidad económica. En conjunto, ambos proyectos representan más del 43% de la cartera de inversión minera en Arequipa, lo que dimensiona el impacto de sus retrasos.

Más allá de la inversión, la importancia de estos proyectos radica en su potencial para incrementar la producción y generar empleo. De concretarse, permitirían elevar la producción de cobre de la región en aproximadamente 48%, pasando de alrededor de 400 mil toneladas a más de 600 mil. Asimismo, durante su etapa de construcción podrían generar cerca de 12 700 empleos directos e indirectos, mientras que en la fase operativa crearían más de 6 800 puestos de trabajo.

A ello se suman los efectos indirectos de la actividad minera sobre otros sectores económicos. Según estimaciones, los encadenamientos productivos y el impacto en los ingresos permitirían sostener alrededor de 13 mil empleos adicionales durante la operación de estos proyectos, lo que equivale a cerca del 5% del empleo formal privado en la región.

Sin embargo, el retraso de estas iniciativas no es un hecho aislado, sino parte de un problema más amplio que afecta al sector Minero en el Perú. De acuerdo con estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), el desarrollo de un proyecto cuprífero puede tomar en promedio hasta 62 años desde la etapa de exploración hasta el inicio de la producción. Este prolongado plazo refleja la existencia de múltiples barreras, entre ellas la complejidad de los procesos administrativos, la incertidumbre regulatoria y los conflictos sociales.

En el caso de Arequipa, estos factores han contribuido a frenar proyectos clave en un momento en que la región más los necesita. La falta de avances en Tía María y Zafranal no solo retrasa la recuperación del sector, sino que también envía una señal de incertidumbre a los inversionistas, lo que podría afectar futuras decisiones de inversión.

En este contexto, la coyuntura electoral se presenta como una oportunidad para replantear la estrategia de desarrollo del sector Minero. Resulta fundamental promover propuestas orientadas a simplificar la tramitología, reducir los tiempos de aprobación de proyectos y fortalecer la institucionalidad. Asimismo, es necesario mejorar la relación entre las empresas mineras y las comunidades, a fin de prevenir conflictos sociales que puedan paralizar las inversiones.

Otro desafío clave es el avance de la minería ilegal, que ha ganado terreno en distintas regiones del país. Esta actividad no solo compite de manera desleal con el sector formal, sino que también genera impactos ambientales y sociales negativos. Su expansión contribuye a deteriorar la percepción de la minería en general, lo que dificulta aún más el desarrollo de nuevos proyectos.

En suma, la caída de la producción de cobre en Arequipa no puede analizarse de manera aislada. Es el reflejo de una serie de problemas estructurales que limitan el desarrollo del sector Minero y, por extensión, el crecimiento económico de la región. Sin acciones concretas para destrabar inversiones y mejorar el entorno para la actividad minera, el riesgo es que esta tendencia negativa se prolongue en el tiempo, comprometiendo el futuro de una de las principales economías regionales del país.