El Ejército del Perú, en coordinación con la Policía Nacional y bajo la supervisión del Ministerio Público, ejecutó un importante operativo contra el narcotráfico en la región Ayacucho, logrando la incautación de 360 kilos de droga y más de 3.4 toneladas de hoja de coca en proceso de maceración. La intervención se desarrolló en el distrito de Samugari, provincia de La Mar, una zona considerada estratégica dentro del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y el Mantaro (VRAEM), donde operan diversas organizaciones criminales vinculadas a este ilícito.

La operación fue liderada por los Grupos de Operadores Especiales (GOOEE) de la Compañía Especial de Comandos “Lince” N.° 2, perteneciente a la Segunda Brigada de Infantería del Ejército. Gracias a labores de inteligencia y patrullaje, las fuerzas del orden lograron ubicar una infraestructura clandestina destinada a la producción de alcaloide de cocaína, lo que evidencia el nivel de organización de las redes del narcotráfico en la zona.

Durante el despliegue, se halló una poza de maceración activa que contenía aproximadamente 3 450 kilos de hoja de coca en pleno proceso químico, así como cerca de 5 000 kilos de detritus, residuos derivados de la elaboración de droga. Además, se identificaron dos pozas de decantación utilizadas para el procesamiento final del estupefaciente, lo que confirma que el lugar funcionaba como un centro de producción a gran escala.

Como resultado del operativo, se incautaron 360 kilos de sulfato de cocaína almacenados en recipientes de gran capacidad. Todo el material, incluyendo la droga, la hoja de coca en maceración y la infraestructura ilegal, fue destruido e incinerado en el lugar, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 1100, que regula la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

El Ministerio de Defensa destacó que este nuevo golpe representa un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico en el VRAEM. Asimismo, reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas de continuar realizando operaciones conjuntas para desarticular las redes criminales que afectan la seguridad y el desarrollo del país. Este tipo de intervenciones busca debilitar la cadena de producción de drogas y reducir el impacto del narcotráfico en las comunidades locales.