Por Jorge Turpo R.

Se requiere mayor número de efectivos para combatir inseguridad ciudadana. La región enfrenta un déficit de más de 450 policías que limita la seguridad y el control del tránsito. Mientras tanto, la nueva escuela en La Joya sigue paralizada por falta de agua, pese a estar casi terminada.

INSEGURIDAD CIUDADANA SE AGRAVA

La seguridad en Arequipa atraviesa una de sus etapas más críticas en los últimos años. El déficit de efectivos policiales, que llega a 469 agentes, se ha convertido en un problema estructural que impacta directamente en la capacidad de respuesta frente al delito.

La escasez no solo compromete la seguridad ciudadana en calles y barrios, sino que alcanza áreas sensibles como el control del tránsito en una ciudad que figura entre las más congestionadas del país.

El propio comando policial reconoce que la brecha se explica, en gran medida, por un desbalance sostenido. Cada año son más los efectivos que pasan al retiro que aquellos que egresan de la escuela de formación.

El jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Antonio La Madrid, indicó que recibió el mando con 5 755 efectivos a disposición, pero ahora cuentan con 5 286 por el pase al retiro de al menos 350 efectivos.

A ello se suma un factor adicional que agrava el panorama, de los aproximadamente 320 suboficiales que egresan anualmente de la escuela de Charcani, menos del 50% permanece en la región. La mayoría es reasignada a Lima u otras jurisdicciones, dejando a Arequipa con una reposición insuficiente.

La unidad de tránsito es una de las más golpeadas por esta carencia. En una ciudad donde el transporte público opera en condiciones caóticas y la congestión vehicular es una constante, la falta de agentes dificulta el control y ordenamiento del flujo vehicular. La consecuencia es visible en el mayor desorden, incremento del riesgo de accidentes y una percepción creciente de ausencia de autoridad.

Durante el año pasado, cuando los casos de sicariato encendieron las alarmas, se adoptaron medidas excepcionales.

Una de ellas fue la compra de días de franco a los policías, financiada por el Gobierno Regional, con el objetivo de aumentar temporalmente la presencia en las calles.

Sin embargo, se trató de una solución coyuntural. Hoy, sin un mecanismo similar en marcha, el déficit vuelve a sentirse con fuerza en todas las unidades.

Frente a este escenario, la solución de fondo apunta a incrementar la formación de nuevos efectivos, pero la infraestructura actual no lo permite.

La escuela de Charcani ha alcanzado su límite operativo y funciona en condiciones precarias, en instalaciones que originalmente fueron campamentos empresariales, con estructuras de triplay y calamina que distan de ofrecer un entorno adecuado para la formación policial.

En ese contexto, la puesta en funcionamiento de la nueva escuela de suboficiales ubicada en La Joya aparece como una necesidad urgente.

Esta infraestructura, con capacidad para formar hasta 800 efectivos, casi el triple de lo que hoy permite Charcani, podría cerrar la brecha de manera progresiva.

El proyecto permanece inconcluso y abandonado desde hace casi cinco años, pese a registrar un avance físico superior al 90%.

El principal obstáculo es la falta de abastecimiento de agua. La obra no contempló de manera adecuada la dotación del recurso hídrico, un error de planificación que hoy mantiene paralizada toda la inversión.

Desde el inicio de la actual gestión regional, el gobernador Rohel Sánchez asumió el compromiso de destrabar este problema. No obstante, a pocos meses de culminar su mandato, no hay avances concretos.

Cabe precisar que la responsabilidad directa de la obra recae en la Oficina de Infraestructura del Ministerio del Interior. Desde ese sector se solicitó apoyo al Gobierno Regional, pero hasta la fecha las coordinaciones no han logrado traducirse en soluciones efectivas.

Entre las alternativas planteadas figura la perforación de pozos para garantizar el suministro de agua, así como la compra de cisternas a Sedapar para abastecer un reservorio dentro del complejo.

Ambas opciones fueron anunciadas como viables y se aseguró que se concretarían en el primer trimestre de 2026, pero los plazos ya vencieron y el proyecto sigue estancado. Mientras tanto, la infraestructura, que demandó una inversión superior a los 100 millones de soles, continúa deteriorándose con el paso del tiempo.

En contraste, hay al menos un avance en el ámbito policial. Este año podría finalmente entrar en funcionamiento el laboratorio de criminalística ubicado en Umacollo, otra obra largamente postergada.

Aunque su infraestructura está concluida desde hace más de dos años, recién ahora el Ministerio del Interior ha iniciado la adquisición del equipamiento necesario para su operación.

No obstante, este progreso resulta insuficiente frente a la magnitud del problema. Sin el número adecuado de efectivos en las calles y sin condiciones dignas de formación para los futuros policías, cualquier intento de mejorar la seguridad ciudadana seguirá siendo limitado.

Arequipa enfrenta así una paradoja persistente. Exige más seguridad, pero carece de los recursos humanos y logísticos para garantizarla. Mientras la nueva escuela de suboficiales siga siendo una promesa inconclusa, el déficit policial continuará siendo una deuda pendiente que se arrastra año tras año.