Por: Pedro Rodríguez Chirinos

RERUM NOVARUM

En una remota ciudad, un emperador obsesionado con la moda fue engañado por dos hábiles estafadores. Le prometieron una tela mágica, invisible para los necios o para quienes no eran aptos para su cargo. Fascinado por la posibilidad de poner a prueba a su corte, el soberano financió la confección del traje. El día del desfile, marchó completamente desnudo ante su pueblo. La multitud elogió lo inexistente, hasta que un niño rompió el hechizo: “El emperador está desnudo”.

No hace falta repetir el cuento para entender su vigencia. En el Perú reciente, la disputa política de los resultados de esta primera elección ha mostrado un fenómeno similar. Sectores enteros prefieren sostener narrativas sin evidencia antes que asumir derrotas o errores estratégicos, no solo por convicción, sino por presión social.  Muchos callan o repiten la versión de su “tribu” política – aunque no vean pruebas claras – por temor a ser señalados, cancelados o excluidos de sus círculos. Sin embargo, no toda denuncia es falsa, ni toda duda es conspiración. La discusión pública se degrada cuando la prueba es reemplazada por la identidad política. Ahí es donde la institucionalidad – tribunales, organismos electorales y auditorías – debería operar como ese “niño incómodo” que introduce hechos verificables en medio del ruido.

Ese momento incómodo es el choque con la realidad. En el terreno electoral, las denuncias sin sustento terminan tarde o temprano por exhibir su propia fragilidad. Ocurrió en el proceso en que Pedro Castillo se impuso a Keiko Fujimori: las acusaciones fueron llevadas a instancias judiciales sin que lograran acreditarse de manera concluyente.

La marcha puede continuar y “chambelanes” pueden seguir sosteniendo una cola inexistente. Pero la realidad acaba rompiendo la farsa, incluso cuando sus protagonistas decidan sostenerla hasta el final.

El problema es más profundo que una elección: revela la fragilidad de una cultura política que premia la lealtad emocional por encima de la verdad comprobable. Mientras eso no cambie, el país seguirá oscilando entre relatos que movilizan y realidades que se prefieren evitar.

Esa fragilidad cultural se ve agravada por un andamiaje legal que parece bosquejado para el conflicto, del cual resulta un diseño institucional que incentiva la fragmentación y la inestabilidad. Podemos citar sobre ello, las leyes y normas; como la prohibición de la reelección parlamentaria, el uso de la incapacidad moral permanente, el voto preferencial, etc.  

Las consecuencias son visibles. Se ha configurado un sistema cercano a una “vetocracia”, donde minorías organizadas pueden bloquear decisiones mayoritarias, erosionando la gobernabilidad. El Estado conserva su forma – ministerios, normas, presupuestos – pero pierde eficiencia: para muchos ciudadanos; sigue siendo un aparato distante frente a problemas concretos como la salud o el empleo.

Cuando unos pocos no pueden gestionar el bienestar de los muchos, estos terminarán por desentenderse de aquellos. El Perú no necesita más sastres que prometan telas invisibles, sino un acuerdo político básico que restituya la confianza en hechos verificables. Sin ese mínimo común, seguimos discutiendo relatos mientras la realidad – como el niño del cuento – insiste en decir lo evidente.