El proceso electoral en el Perú atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años. A casi dos semanas de haberse realizado las elecciones generales del 12 de abril de 2026, el país aún no cuenta con resultados oficiales definitivos, una situación que ha generado preocupación, cuestionamientos y un creciente clima de incertidumbre política y social.

ELECCIONES 2026

Especialistas en derecho electoral, como Fernando Rodríguez Patrón, advierten que si bien existen procedimientos que pueden extender los plazos, la demora empieza a generar dudas en la ciudadanía. Según explicó, la normativa vigente establece tiempos más cortos para resolver actas observadas e impugnaciones: tres días para los jurados electorales especiales y otros tres para el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). No obstante, las autoridades han señalado que los resultados finales podrían conocerse recién en las próximas semanas.

La situación se ha visto agravada por la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en medio de cuestionamientos por la gestión del proceso. Aunque la legislación permite su dimisión en elecciones generales, su salida refleja la tensión institucional que enfrentan los organismos electorales.

El retraso en los resultados responde, en parte, a la gran cantidad de impugnaciones y apelaciones presentadas por partidos políticos y candidatos, lo que ha ralentizado el conteo oficial. A ello se suman decisiones controvertidas, como la habilitación de candidaturas cuestionadas, la modificación de padrones fuera de plazo y dificultades en la aplicación de normas electorales.

Durante la jornada electoral también se registraron problemas logísticos en distintas regiones. En Arequipa, por ejemplo, se reportaron demoras en la instalación de mesas de votación y contratiempos que afectaron el desarrollo normal del proceso. Estas situaciones obligaron en algunos casos a extender el horario de votación, generando incomodidad entre los electores.

En esta región del sur, la demora en los resultados ha incrementado la desconfianza hacia las instituciones electorales, en un contexto donde el electorado ya mostraba una postura crítica frente a sus autoridades. La incertidumbre también se refleja en la definición de la segunda vuelta presidencial, aún pendiente de confirmación oficial.

Pese a este panorama, especialistas descartan por ahora la posibilidad de una nulidad del proceso, señalando que los reclamos deben ajustarse a los plazos establecidos. Sin embargo, coinciden en que la situación evidencia la necesidad de fortalecer el sistema electoral.

El desafío inmediato será recuperar la confianza ciudadana y garantizar transparencia en los resultados finales, en un proceso clave para la estabilidad democrática del país.