El Ministerio Público dispuso un peritaje informático a los equipos utilizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la jornada electoral del pasado 12 de abril, como parte de una investigación orientada a esclarecer las fallas reportadas en distintos locales de votación.

La medida busca determinar si los problemas detectados en varias mesas, principalmente en Lima, respondieron a deficiencias operativas o a una posible intervención externa que haya afectado el normal desarrollo de las Elecciones 2026.

La investigación es liderada por el fiscal Raúl Martínez Huamán, quien ha ordenado una serie de diligencias técnicas para examinar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos empleados durante el proceso. Entre los objetivos está establecer si existió manipulación de los sistemas o alguna infiltración interna que comprometiera la integridad del proceso electoral.

Como parte de las acciones, la Fiscalía solicitó la entrega de teléfonos institucionales y personales de funcionarios vinculados a la organización electoral, así como el acceso a sus correos electrónicos, incluyendo bandejas completas de entrada, salida y archivos eliminados.

Asimismo, se requirieron registros de visitas a áreas clave como la Gerencia de Gestión Electoral y la Subgerencia de Producción Electoral, con el fin de identificar posibles ingresos no autorizados en momentos críticos. También se incluyó la revisión del Plan Operativo Electoral, documento que sirvió de base para la configuración de los equipos utilizados en la jornada.

Otro punto central de la investigación es la logística del proceso. La Fiscalía solicitó información detallada sobre la distribución del material electoral, especialmente en los casos donde no se logró instalar mesas de votación por falta de insumos. Estas irregularidades han sido consideradas uno de los aspectos más sensibles del proceso.

Además, se pidió documentación sobre el transporte de equipos y materiales, incluyendo datos de unidades, conductores y rutas, con el objetivo de reconstruir la cadena de custodia.

La investigación continúa en curso y busca esclarecer responsabilidades en un proceso electoral que ha generado cuestionamientos, en medio de la expectativa por garantizar transparencia y confianza en los resultados.