Jueza congela por 3 años lectura de

sentencia y favorece a polémico magistrado

Una controversia en el sistema judicial ha generado cuestionamientos sobre la celeridad y transparencia en la administración de justicia. La jueza Malbina Saldaña Villavicencio, titular del Sétimo Juzgado Constitucional de Lima, mantiene sin resolver desde hace tres años una sentencia vinculada a una demanda de amparo presentada por el magistrado John Paredes Salas.

El caso se remonta al año 2022, cuando Paredes Salas interpuso una demanda contra una sanción impuesta por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) debido a inconducta funcional. La medida disciplinaria incluía una multa que, de ejecutarse, afectaría su legajo personal, un elemento clave en procesos de ascenso o ratificación dentro del Poder Judicial.

La audiencia única del proceso se realizó el 23 de marzo de 2023; sin embargo, hasta la fecha no se ha emitido sentencia. Este retraso ha llamado la atención en el ámbito judicial, donde se considera inusual que un proceso de esta naturaleza permanezca sin resolución durante tanto tiempo tras haberse llevado a cabo la audiencia final.

Además, se ha señalado que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial no habría ejercido una supervisión efectiva sobre el caso, pese a que la magistrada cuenta con antecedentes de demoras en otros procesos. La situación también involucra a personal auxiliar encargado del seguimiento del expediente, lo que evidencia posibles fallas administrativas.

En el entorno judicial, algunas voces sugieren la existencia de un “espíritu de cuerpo” entre jueces constitucionales, lo que podría influir en la falta de celeridad para resolver casos que involucran a colegas. A ello se suma que Saldaña ha protagonizado decisiones polémicas anteriormente, como el rechazo de una demanda de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) relacionada con el caso Odebrecht.

Este escenario reaviva el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y garantizar una justicia oportuna, especialmente en procesos que involucran a altos funcionarios del sistema judicial.