Durante abril, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) inició al menos seis procedimientos administrativos disciplinarios (PAD) contra altos funcionarios por hechos ocurridos entre los años 2021 y 2024. Debido a la demora, solo uno de los involucrados continúa en su cargo; lo que evidencia un desfase de hasta cuatro años entre la comisión de las faltas y la activación de sanciones administrativas.

Entre los casos más relevantes figuran los de dos exgerentes generales, Gregorio Urbano Palma Figueroa (2019-2021) y Jesús Hinojosa Ramos (2023-2024), a quienes se les instauraron PAD mediante resoluciones emitidas en 2025. Recién el 14 de abril de 2026, el Legislativo regional formalizó la designación de las comisiones ad hoc que actuarán como órganos sancionadores en ambos procesos.

A estos se suman otros exfuncionarios de alto nivel, como Sixto Celso Palomino García, exgerente ejecutivo de AUTODEMA en 2024; Yakir Rozas Manya, exgerente regional de Energía y Minas en 2021-2022; y Ysolina Berroa Atencio, exjefa de la Oficina Regional de Administración en 2023-2024. En todos los casos, las investigaciones se vinculan principalmente a presuntos actos de negligencia en el ejercicio de funciones, tipificados en la Ley del Servicio Civil.

El único funcionario con proceso PAD vigente y que permanece en funciones es Jorge Carlos Adrián Meza Cruz, actual gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, quien enfrenta un PAD por no haber tramitado oportunamente la contratación del servicio de impresiones para el evento “Hay Festival Arequipa 2024”. Según la imputación, esta omisión permitió la ejecución del servicio sin contrato, generando posteriormente el reconocimiento de una deuda de S/20 245 a favor de una empresa proveedora.

Aunque los procesos disciplinarios ya están en marcha, la distancia temporal entre los hechos investigados y las acciones administrativas abre cuestionamientos sobre la oportunidad de los mecanismos de control interno. En varios casos, los funcionarios investigados ya no forman parte de la estructura del GRA, de modo que la imposición de suspensiones de entre 1 hasta 365 sin goce de remuneraciones, sanciones estipuladas en la entidad, no tienen mayor trascendencia.

La activación tardía de estos procedimientos se produce en la etapa final de la actual gestión regional, en un contexto en el que los órganos administrativos buscan cerrar procesos pendientes y determinar responsabilidades por decisiones adoptadas en años anteriores.