Un reciente reportaje periodístico ha puesto en el centro del debate público a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras revelarse que la institución habría ignorado una advertencia formal sobre posibles actos de corrupción antes de adjudicar un contrato de S/ 2.3 millones a la empresa Galaga S.A.C., en el contexto previo a las elecciones generales de 2026.

ELECCIONES 2026

Según la investigación difundida por un programa televisivo, el 11 de febrero de ese año, el entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, recibió una carta de la empresa AFE, competidora directa en el proceso de licitación. En el documento se advertía sobre un presunto direccionamiento del concurso y la posible filtración de información privilegiada. Sin embargo, esta alerta no fue atendida y terminó siendo archivada, pese a haberse presentado antes de la adjudicación.

El proceso en cuestión estaba destinado al despliegue de material electoral e informático para la capacitación del personal. A pesar de la advertencia, la buena pro fue otorgada a Galaga por un monto cercano al límite presupuestal establecido por la entidad, fijado en S/ 2 350 000. Lo llamativo del caso es que la propuesta de AFE era considerablemente menor, con una diferencia cercana al medio millón de soles.

Especialistas en contrataciones públicas han calificado este procedimiento como “atípico”. El experto Marco Montoya explicó que las reglas del concurso permitieron que los postores conocieran previamente los resultados de la evaluación técnica, lo cual habría dado una ventaja decisiva a la empresa ganadora. Al empatar en el primer lugar técnico, Galaga pudo ajustar su oferta económica casi exactamente al tope presupuestal, lo que genera sospechas sobre el manejo de la información.

Otro elemento cuestionado es la modificación de los términos de referencia durante el proceso. Mientras algunas empresas debían cumplir exigentes requisitos técnicos, estos habrían sido flexibilizados de manera que favorecieron a Galaga. Incluso otras compañías del sector denunciaron cambios de última hora que afectaron la transparencia y competitividad del concurso.

En el foco de las investigaciones también se encuentra el rol de funcionarios de la ONPE. Una de las figuras clave es Lilia Flores Bancho, especialista en contrataciones, quien firmó la adjudicación del contrato. Entre las decisiones observadas figura la reducción de ciertos requisitos técnicos, como la longitud de las unidades de transporte, lo que habría influido directamente en el resultado final.

Para el abogado penalista Walter Palomino, estos hechos constituyen indicios de una posible colusión agravada, especialmente por la coincidencia entre el monto ofertado y el límite presupuestal, así como por el conocimiento previo de las evaluaciones técnicas. No obstante, la defensa de la empresa, representada por el abogado Cristian Castillo, ha rechazado las acusaciones y sostiene que todo el proceso se desarrolló dentro del marco legal vigente.

El caso ha generado preocupación sobre la transparencia en las contrataciones públicas, especialmente en una institución clave para la organización de procesos electorales. Actualmente, el Ministerio Público mantiene bajo investigación a los funcionarios involucrados, en un proceso que podría tener importantes repercusiones políticas y legales en el país.