Por: Carlos Meneses

Flora Tristán no necesita más diagnósticos ni visitas protocolares. Necesita decisiones, inversión y presencia sostenida. El gobernador regional y los alcaldes provincial y distrital deben entender que su responsabilidad no terminó cuando bajó el lodo. Al contrario, empieza ahí: en la reconstrucción real, en la prevención de futuros desastres y en la recuperación de la dignidad de sus ciudadanos.

El caso de la urbanización Flora Tristán expone con claridad una cadena de responsabilidades que no pueden diluirse entre niveles de gobierno. Aquí no hay lugar para excusas ni para la habitual transferencia de culpas: el gobernador regional, el alcalde provincial y el alcalde distrital han fallado, cada uno en su ámbito, en garantizar una respuesta integral frente a una emergencia que era previsible y que hoy sigue sin resolverse.

El Gobierno Regional no puede limitar su rol a la supervisión distante o a declaraciones posteriores al desastre. La gestión del riesgo implica planificación, prevención y ejecución de obras estructurales que eviten que torrentas como la de Chullo se conviertan en amenazas recurrentes. Si ya existían advertencias técnicas sobre la acumulación de material en el cauce, ¿por qué no se actuó con anticipación? La omisión también es una forma de responsabilidad.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Arequipa ha demostrado una preocupante insuficiencia en la gestión de la emergencia. El retiro parcial de lodo y escombros no puede presentarse como solución cuando las viviendas siguen inhabitables y los servicios básicos no han sido restablecidos. La ciudad no termina en las avenidas principales ni en las zonas visibles; también está en urbanizaciones como Flora Tristán, donde hoy el abandono es evidente.

En el nivel distrital, la situación no es menos crítica. La cercanía con los vecinos debería traducirse en una respuesta más rápida y sostenida, pero lo que se observa es una débil presencia institucional. Los problemas cotidianos —sumideros bloqueados, inseguridad en viviendas desocupadas, falta de servicios— requieren gestión inmediata, no promesas prolongadas.

Lo más grave es que, entre estas tres instancias, no parece existir una articulación efectiva. Cada nivel actúa de forma fragmentada, sin una estrategia común ni seguimiento real. Mientras tanto, las consecuencias recaen directamente sobre las familias: hogares abandonados, vidas interrumpidas y una creciente desconfianza hacia las autoridades.