Por: Carlos Meneses

Porque al final, más allá de las urnas, lo que está en juego es la confianza. Y sin ella, no hay crecimiento posible.

En medio de una de las coyunturas electorales más sensibles de los últimos años, el debate económico vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública. Esta vez, no desde la confrontación política tradicional, sino desde una alerta técnica que no puede ser ignorada. El más reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que nueve de cada diez economistas consideran desfavorables o muy desfavorables las propuestas del candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. El dato, por sí solo, debería encender una reflexión seria y urgente.

No se trata de una discrepancia menor ni de un debate ideológico. Los niveles de desaprobación son contundentes: más del 90% de especialistas cuestiona los planteamientos en sostenibilidad fiscal, inversión privada y seguridad ciudadana. Incluso en generación de empleo formal, un tema crítico para millones de peruanos, la percepción negativa bordea el 89%. En todos los casos, la mayoría califica estas propuestas como “muy desfavorables”, lo que evidencia una profunda preocupación sobre sus posibles efectos.

El núcleo del problema radica en la incertidumbre. Cuestionamientos a la autonomía del Banco Central de Reserva, la intención de impulsar una asamblea constituyente y una mayor intervención del Estado en la economía generan dudas sobre la estabilidad del modelo económico. En un país que aún arrastra secuelas de desaceleración, conflictividad social y brechas estructurales, debilitar la confianza puede tener consecuencias inmediatas y profundas.

La inversión privada, motor clave del crecimiento y del empleo, es particularmente sensible a estos mensajes. Sin reglas claras y previsibles, el capital se retrae, los proyectos se paralizan y las oportunidades se diluyen. No es casual que la incertidumbre electoral ya esté impactando en variables concretas, como el tipo de cambio, con una depreciación del sol en las últimas semanas. La economía, a diferencia del discurso político, reacciona sin filtros.

Sin embargo, este llamado de atención no debe entenderse como una descalificación automática, sino como una exigencia de mayor rigor. El propio informe del IPE deja en claro que el problema no es solo el contenido, sino también la falta de precisión. Más de la mitad de los economistas pide al candidato aclarar su postura sobre temas clave como la autonomía del Banco Central o la eventual convocatoria a una constituyente. La ambigüedad, en política económica, es un riesgo en sí mismo.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en un candidato. El estudio también evidencia que otros postulantes deben mejorar la claridad de sus propuestas, especialmente en seguridad ciudadana y lucha contra economías ilegales. Es decir, el déficit de precisión es transversal y refleja una debilidad estructural del debate electoral.

El país no puede darse el lujo de decidir su futuro en medio de la incertidumbre. La economía peruana enfrenta riesgos reales: inseguridad, fragilidad fiscal e inestabilidad política. En ese escenario, las propuestas deben estar a la altura del desafío. No basta con responder a demandas sociales legítimas; es indispensable hacerlo con responsabilidad, sustento técnico y visión de largo plazo.