Por: Carlos Meneses

Lo ocurrido en Arequipa debe servir como una seria advertencia sobre las condiciones reales en las que opera gran parte del sistema sanitario nacional. Ignorar estas alertas solo profundizará la crisis y aumentará la desconfianza ciudadana hacia los servicios públicos de salud.

La reciente alerta emitida por la Contraloría General de la República sobre las graves deficiencias en el almacenamiento de medicamentos en establecimientos de salud de Arequipa no solo revela un problema administrativo o logístico. Expone, una vez más, el profundo deterioro estructural que afecta al sistema público de salud y que termina perjudicando directamente a miles de ciudadanos que dependen exclusivamente de la atención estatal.

Encontrar medicamentos almacenados en el suelo, sobre planchas de cartón y en ambientes con humedad, techos deteriorados y cables expuestos constituye una situación inaceptable para cualquier establecimiento sanitario. Más grave aún cuando se trata de productos farmacéuticos que deben conservar estrictas condiciones de temperatura, ventilación y limpieza para mantener su eficacia y seguridad.

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa, el Hospital Alto Inclán de Mollendo y la Red de Salud Islay aparecen hoy bajo cuestionamiento no por falta de advertencias, sino por una evidente incapacidad para garantizar estándares mínimos de conservación. Las imágenes descritas en el informe de control muestran una realidad preocupante: medicamentos expuestos a contaminación, ambientes improvisados y ausencia de controles ambientales básicos. Todo ello refleja improvisación, abandono y una preocupante normalización de las deficiencias en el sector salud.

Lo alarmante es que este problema no puede atribuirse únicamente a la sobrecarga de productos o a limitaciones presupuestales. Las Buenas Prácticas de Almacenamiento son normas elementales que cualquier establecimiento de salud debe cumplir. Cuando estas reglas básicas son ignoradas, el riesgo no es solo administrativo; es sanitario. Un medicamento mal conservado puede perder efectividad, alterar su composición o incluso generar consecuencias negativas en los pacientes que lo consumen.

La situación detectada también evidencia una falta de planificación de las autoridades responsables. Si la Red de Salud Islay carece de un almacén especializado, resulta inadmisible que durante años no se haya priorizado la implementación de infraestructura adecuada. La salud pública no puede seguir funcionando bajo esquemas de emergencia permanente ni dependiendo de soluciones temporales que terminan convirtiéndose en prácticas habituales.

A ello se suma otro problema recurrente: la reacción tardía de las instituciones. Las medidas correctivas suelen anunciarse únicamente después de la intervención de la Contraloría o cuando el problema alcanza notoriedad pública. Mientras tanto, miles de usuarios continúan recibiendo atención en condiciones precarias, confiando en un sistema que muchas veces no garantiza ni siquiera la correcta conservación de los medicamentos que distribuye.

La salud no puede administrarse con improvisación ni desinterés. Las autoridades regionales tienen la obligación de responder con acciones inmediatas y sostenibles, no con simples compromisos de ocasión. Garantizar medicamentos seguros y correctamente almacenados no es un lujo ni una meta secundaria; es una responsabilidad básica del Estado.