Por Rocío Velazco C.

El desafío para el próximo gobierno será doble: mantener la estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, recuperar la capacidad del Estado para ofrecer seguridad, salud, educación e infraestructura de calidad. Sin mejoras concretas en la administración pública, el crecimiento económico difícilmente se traducirá en bienestar para la mayoría de peruanos.

Hugo Santa María, economista y jefe de Apoyo Consultoría, sostiene que el Perú se aproxima a una nueva etapa política marcada por expectativas de mayor estabilidad institucional, pero también por profundas preocupaciones económicas y sociales que continúan afectando a millones de ciudadanos. A pocas semanas del cambio de gobierno y en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial, diversos analistas advierten que el país enfrenta un momento decisivo: consolidar la gobernabilidad o prolongar una crisis política que ya lleva casi una década.

Uno de los principales cambios que marcarán este nuevo periodo será el retorno de la bicameralidad. La futura instalación de un Senado aparece como una de las reformas más relevantes dentro del sistema político peruano. Según especialistas, esta segunda cámara podría convertirse en un espacio de mayor reflexión técnica y equilibrio político, reduciendo la aprobación de leyes improvisadas o populistas que han debilitado la institucionalidad durante los últimos años, remarcó.

Para Santa María, a diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado tendría funciones orientadas al control y revisión legislativa, actuando como un filtro frente a iniciativas apresuradas. El nuevo esquema también contempla restricciones al transfuguismo parlamentario, problema que generó permanente fragmentación y debilitamiento de las bancadas en el actual Congreso.

Para el sector privado y los inversionistas, estos cambios podrían representar un escenario de mayor predictibilidad política. La estabilidad institucional es hoy uno de los factores más demandados por el empresariado nacional, especialmente después de los años de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, subrayó.

Sin embargo, consideró que la economía peruana mantiene señales contradictorias. Aunque el país conserva estabilidad monetaria y un tipo de cambio relativamente sólido, persisten serias preocupaciones sobre el manejo fiscal y la capacidad del Estado para responder a las necesidades básicas de la población.

La fortaleza del Banco Central de Reserva continúa siendo uno de los principales soportes macroeconómicos. La autonomía de la institución y la permanencia de políticas monetarias estables han permitido contener la inflación y evitar crisis cambiarias severas, incluso en medio de la incertidumbre electoral.

No obstante, el problema más grave parece concentrarse en el frente social. Pese a la ligera reducción de la pobreza monetaria, el país mantiene altos niveles de vulnerabilidad económica. Más de la mitad de la población se encuentra en riesgo de caer en pobreza ante cualquier emergencia de salud, pérdida de empleo o paralización de actividades.

La situación refleja una realidad estructural: gran parte de los peruanos sobrevive en condiciones de informalidad y sin redes de protección social sólidas. Para miles de familias, dejar de trabajar apenas algunos días puede significar perder ingresos esenciales para alimentación, vivienda o educación, anadió el directivo de Apoyo Consultoría.

En este escenario, el sur del país adquiere un rol estratégico. Regiones como Arequipa concentran importantes proyectos mineros y energéticos que podrían impulsar el crecimiento económico nacional durante los próximos años. De hecho, gran parte de las futuras inversiones en minería, energía solar y proyectos eólicos se ubican en el sur peruano.

Sin embargo, ese potencial continúa enfrentando obstáculos vinculados a la debilidad del Estado y la falta de articulación entre el gobierno central y las autoridades regionales. Analistas advierten que existe un histórico divorcio político y administrativo entre Lima y las regiones, situación que dificulta la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios públicos.

A ello se suma la limitada capacidad técnica de muchos gobiernos regionales y municipales para ejecutar inversión pública, especialmente durante los primeros años de gestión. Esta situación suele generar retrasos en obras y una desaceleración económica temporal en distintas regiones.

El país ingresa así a un nuevo ciclo político donde la gobernabilidad ya no dependerá únicamente de acuerdos partidarios, sino de la capacidad de responder a una ciudadanía cada vez más golpeada por la precariedad y el desencanto institucional.