El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo presentada por la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) contra diversas entidades del Estado, en un intento por frenar la reestructuración de Petroperú y evitar posibles despidos colectivos.

La acción judicial fue interpuesta contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, ProInversión y la propia empresa estatal petrolera.

La demanda cuestiona el Decreto de Urgencia 010-2025, promulgado a fines del año pasado durante el gobierno del expresidente José Jerí, al considerar que vulneraría derechos laborales de los trabajadores afiliados al sindicato.

Según el documento presentado ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, Fenpetrol solicita que el decreto sea declarado inaplicable para sus afiliados y que el Estado se abstenga de ejecutar actos relacionados con reorganización, privatización, ceses colectivos o despidos en Petroperú.

El sindicato sostiene que la norma abre la posibilidad de procesos de “reestructuración” y “optimización” de la empresa estatal mediante la intervención de ProInversión, entidad encargada de promover concesiones e inversiones privadas.

De acuerdo con los trabajadores, este proceso podría derivar en reducción de personal, tercerización de servicios y afectación de derechos laborales adquiridos. Asimismo, Fenpetrol argumenta que la planilla de trabajadores representa solo el 3.77 % de los ingresos de la empresa, según estados financieros auditados remitidos a la Superintendencia del Mercado de Valores.

En la resolución judicial, el juzgado señala que la acción de amparo procede cuando existe una presunta amenaza o vulneración de derechos constitucionales y precisa que este tipo de procesos no puede ser rechazado de manera preliminar sin una evaluación de fondo.

Tras revisar la documentación presentada, el órgano jurisdiccional concluyó que la demanda cumple con los requisitos formales exigidos por ley y dispuso admitirla a trámite.

Asimismo, programó una audiencia virtual para el próximo 5 de octubre de 2026 a las 9:00 de la mañana, donde las partes involucradas expondrán sus argumentos respecto a la legalidad y alcances del decreto cuestionado.

La admisión de la demanda no implica que el Poder Judicial haya dado la razón a los trabajadores, sino que considera necesario analizar el caso en profundidad antes de emitir una decisión definitiva sobre el futuro de la reestructuración de Petroperú.