El Ministerio Público desplegará más de 250 fiscales en toda la región Arequipa durante la segunda vuelta electoral, programada para el próximo domingo 7 de junio. La medida busca prevenir delitos electorales y garantizar el normal desarrollo de los comicios. La vigilancia se reforzará luego de que en la primera vuelta se registraran al menos 11 incidencias, cuyos casos aún permanecen bajo investigación.

La fiscal provincial de Prevención del Delito, Cecilia Ampuero Riega, explicó que el Ministerio Público no forma parte del sistema electoral; sin embargo, supervisará que las instituciones involucradas cumplan adecuadamente las funciones que les asigna la ley. “Buscamos prevenir delitos electorales y delitos contra la administración pública. Vamos a desplegar más de 250 fiscales entre la tarde del sábado y todo el domingo para garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo sin incidencias penales”, señaló.

Las acciones comprenderán operativos de ley seca, verificaciones previas en los centros de votación y la supervisión del resguardo del material electoral. Ampuero recordó que la venta de bebidas alcohólicas está prohibida desde 24 horas antes de la jornada electoral hasta las 8:00 horas del día siguiente.

La representante del Ministerio Público advirtió además que las infracciones a la normativa electoral pueden derivar en responsabilidades penales. Precisó que los delitos electorales contemplan penas que oscilan entre tres y seis años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y de la evaluación que realicen la Fiscalía y el Poder Judicial.

Respecto a las incidencias registradas durante la primera vuelta, Ampuero indicó que los 11 casos continúan en etapa de investigación y que aún no existen resultados definitivos, debido a que el plazo legal para las diligencias sigue vigente. Entre las acciones programadas para esta segunda vuelta también figura la supervisión de la propaganda política en los alrededores de los locales de votación.

En ese sentido, la Fiscalía exhortó al Jurado Electoral Especial a garantizar el retiro de material proselitista ubicado dentro del radio de 100 metros de los centros de votación, tal como establece la normativa electoral.