Por: Carlos Meneses

Si existen más responsables, deben ser identificados. Si hay nuevos datos, deben investigarse. Pero ninguna revelación de última hora borrará el enorme daño causado al Estado peruano ni la responsabilidad política y moral de quienes convirtieron la función pública en una oportunidad para el enriquecimiento ilícito. La justicia debe seguir su curso, sin presiones, sin privilegios y sin excepciones.

Las recientes declaraciones del expresidente Alejandro Toledo durante la audiencia de apelación de su condena vuelven a poner en evidencia uno de los episodios más vergonzosos de la historia política peruana. No solo porque admitió que el dinero vinculado al caso Odebrecht habría ascendido a 45 millones de dólares y no a los montos manejados anteriormente durante el proceso judicial, sino porque sus afirmaciones llegan cuando ya pesa sobre él una sentencia de más de 20 años de prisión por corrupción y lavado de activos.

Resulta difícil comprender que una información de semejante relevancia aparezca recién ahora, después de años de investigaciones, procesos judiciales, extradiciones y millonarios recursos invertidos por el Estado para esclarecer la trama de corrupción que rodeó la construcción de la Carretera Interoceánica Sur. Si realmente existen documentos capaces de revelar el origen, la ruta y el destino final de esos fondos, surge una pregunta inevitable: ¿por qué no fueron presentados oportunamente ante la justicia?

El exmandatario argumenta que padece una grave enfermedad y que desea que se conozca toda la verdad antes de morir. Sin embargo, el problema de fondo no es el momento personal que atraviesa Toledo, sino la credibilidad de una versión que aparece cuando las instancias judiciales ya han emitido un fallo contundente sustentado en años de investigación y en abundante evidencia nacional e internacional.

Más preocupante aún es que las declaraciones del exjefe de Estado parecen buscar instalar la idea de que existirían otros responsables detrás del dinero investigado. Si ello fuera cierto, corresponde que la justicia explore todas las líneas posibles mediante los mecanismos de cooperación internacional. Pero también es cierto que la búsqueda de la verdad no puede convertirse en una estrategia para dilatar procesos ni para sembrar dudas sobre hechos que ya han sido ampliamente acreditados por los tribunales.

El caso Toledo simboliza una época en la que la corrupción penetró las más altas esferas del poder político. Las confesiones de Odebrecht, las transferencias financieras, las cuentas offshore y las condenas emitidas contra diversos funcionarios han demostrado cómo los intereses privados lograron capturar decisiones públicas de enorme impacto para el país.

La ciudadanía tiene derecho a conocer toda la verdad, incluso si aparecen nuevos elementos. Pero también tiene derecho a exigir responsabilidad a quienes gobernaron utilizando el poder para beneficiar intereses particulares. La lucha contra la corrupción no puede depender de revelaciones tardías ni de confesiones circunstanciales.