Más de 110 constitucionalistas quienes son docentes de 30 universidades del país respaldan el respeto al sufragio, la institucionalidad democrática y la autoridad de los organismos electorales.

JURISTAS Y ACADÉMICOS CONSTITUCIONALISTAS

En un contexto marcado por tensiones políticas, cuestionamientos al proceso electoral y crecientes llamados a desconocer las decisiones de los organismos competentes, destacados juristas, constitucionalistas y académicos peruanos han decidido expresar públicamente su firme compromiso con la defensa de la democracia, el respeto a la voluntad popular y la preservación del orden constitucional.

A través de un pronunciamiento institucional promovido por la Asociación Peruana de Derecho Constitucional (APDC), reconocidos especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Público recordaron que el sufragio constituye uno de los derechos fundamentales más importantes de toda sociedad democrática y que su ejercicio debe ser respetado sin distinción alguna, conforme a la Constitución, las leyes electorales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.

Entre quienes suscriben y respaldan esta posición institucional se encuentran destacados juristas y constitucionalistas de reconocida trayectoria nacional, entre ellos Domingo García Belaunde, Ernesto Blume Fortini, Víctor García Toma, Susana Castañeda Otsu, Bruno Noboa, Milagros Campos, Luis Roel Alva, Raúl Chanamé Orbe y Jorge Luis Cáceres Arce, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional (APDC).  A ellos se suman más de 110 académicos, investigadores y docentes universitarios provenientes de más de 30 universidades públicas y privadas de todo el país, quienes expresan su compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y el respeto a las decisiones de las autoridades electorales.

Los firmantes han señalado que la comunidad académica y jurídica no puede permanecer indiferente frente a situaciones que generan incertidumbre política, debilitan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas o promueven narrativas orientadas a cuestionar, sin sustento jurídico suficiente, la legitimidad de las autoridades electorales encargadas de conducir y garantizar los procesos electorales en el país.

Asimismo, enfatizaron que Es imperativo respetar el derecho fundamental al sufragio de todos los ciudadanos peruanos y peruanas que participaron libremente en el proceso electoral, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero. Este derecho debe ser garantizado sin discriminación alguna y en estricto cumplimiento de las normas electorales previamente establecidas, así como de los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, particularmente aquellos derivados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En su pronunciamiento, los constitucionalistas formularon un llamado a los candidatos que participan en la contienda electoral para que su actuación se mantenga dentro de los cauces del civismo democrático y el respeto irrestricto a la voluntad popular expresada en las urnas. Asimismo, exhortaron a que reconozcan y acaten las decisiones adoptadas por las autoridades electorales en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, contribuyendo de esta manera a fortalecer la gobernabilidad, la estabilidad institucional y la confianza ciudadana. Destacaron que quienes aspiran a conducir los destinos de la República tienen la responsabilidad de actuar con prudencia y sentido de Estado, privilegiando el interés nacional por encima de cualquier diferencia política.

Del mismo modo, los especialistas hicieron un llamado a los candidatos presidenciales, así como a los dirigentes, militantes y simpatizantes de las distintas organizaciones políticas, para que demuestren un comportamiento acorde con los principios democráticos y el respeto al orden constitucional. Advirtieron sobre la necesidad de evitar acciones o discursos que puedan generar escenarios de confrontación, intranquilidad o convulsión social, con potencial impacto en la seguridad de los ciudadanos, el ejercicio de las libertades fundamentales, la actividad económica y la estabilidad del país. En ese sentido, reafirmaron que las discrepancias políticas deben resolverse a través de los mecanismos institucionales previstos por la Constitución y las leyes, preservando siempre la paz social y la convivencia democrática.