El Gobierno de Bolivia informó que el país “se va normalizando” tras la aplicación del estado de excepción decretado para enfrentar los bloqueos de carreteras que se prolongaron por más de un mes y medio, en medio de protestas de sectores sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Según reportes oficiales, la medida permitió liberar dos rutas troncales estratégicas en la región andina, incluida una vía de conexión hacia el Perú, lo que ha facilitado la reactivación del tránsito de carga y el abastecimiento de productos esenciales.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que las carreteras entre La Paz y Oruro, así como la ruta que conecta la sede de Gobierno con Desaguadero —frontera con el Perú—, quedaron expeditas tras operativos conjuntos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la autoridad, el desbloqueo permitió el paso de un centenar de camiones con combustibles hacia La Paz y la ciudad de El Alto, dos de las zonas más afectadas por la paralización del transporte. “Es una alegría que el país se vaya normalizando, es algo que todos queremos”, señaló el ministro.

Durante las intervenciones también se registraron incidentes menores en la ruta hacia Desaguadero, donde algunos grupos intentaron oponerse al retiro de bloqueos. Las fuerzas del orden utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos y se dispuso la permanencia de un destacamento policial para evitar nuevas interrupciones.

En la región de Cochabamba, las autoridades informaron de momentos de tensión en la localidad de Llavini, donde manifestantes incendiaron un cerro y provocaron deslizamientos de piedras sobre la carretera. La Policía respondió con el uso de agentes químicos y logró la detención de al menos seis personas.

El Gobierno boliviano precisó que el estado de excepción, aprobado por el Legislativo, no suspende derechos fundamentales, pero sí prohíbe bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos, además de autorizar el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía para el control del orden interno.

Las protestas, iniciadas el 6 de mayo, fueron impulsadas por sindicatos, organizaciones campesinas y seguidores del expresidente Evo Morales, generando una crisis que dejó rutas interrumpidas por semanas, con cientos de camiones varados y dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal.

El conflicto ha provocado al menos 16 fallecidos, la mayoría por falta de atención médica oportuna, y pérdidas económicas estimadas en 3 000 millones de dólares, según datos oficiales.

El Ejecutivo boliviano anunció que mantendrá el diálogo con los sectores que presenten demandas consideradas legítimas, mientras continúan las operaciones para restablecer completamente la circulación en las principales vías del país.