La disputa por la ejecución de la vía AR-670 Jachaña-Tambopata-Viscavisca-Cayarani escaló al ámbito judicial. El Consorcio Vial Caylloma acusa al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) de incumplir una medida cautelar arbitral y una orden judicial que disponía retrotraer temporalmente la situación contractual mientras se resuelve la controversia. La entidad regional, sin embargo, sostiene que dicha disposición resulta “inejecutable” debido a que la obra ya fue retomada con un nuevo contratista.

El conflicto se originó tras la resolución del Contrato N.° 050-2025-GRA por parte del GRA, decisión que fue cuestionada por el Consorcio Vial Caylloma y llevada a un tribunal arbitral. El privado argumentó que la entidad no cumplió con las condiciones establecidas en la normativa de contrataciones públicas para poner fin al vínculo contractual. Tras evaluar el caso, el 25 de mayo de 2026, un árbitro único emitió una medida cautelar de “no innovar” que suspendió temporalmente los efectos de la resolución contractual y ordenó mantener la situación previa a la carta notarial N.° 075-2025.

Ante la negativa del GRA de ejecutar la medida, el consorcio solicitó asistencia judicial al 7° Juzgado Civil Comercial de Lima. Mediante la Resolución N.° 01, emitida el 10 de junio de 2026, el juzgado declaró procedente el pedido y ordenó a la entidad regional cumplir siete disposiciones en un plazo de 48 horas desde su notificación. Entre ellas se encuentran suspender los efectos de la resolución contractual, abstenerse de contratar a terceros para ejecutar el saldo de la obra, no aplicar penalidades ni ejecutar garantías contra el consorcio y disponer la contratación de una supervisión externa.

En esa línea, Carlos Barreto Santillán, representante del Consorcio Vial Caylloma, afirmó que el GRA continúa ejecutando el proyecto pese a los mandatos emitidos por el tribunal arbitral y el Poder Judicial. Motivo por el cual acudió al Consejo Regional de Arequipa para hacer efectiva la restitución de la obra. “El 10 de junio salió la resolución judicial donde se les da 48 horas [al GRA] para cumplir la medida cautelar. Estamos en julio y ellos siguen sin acatarla. Por eso el siguiente paso es solicitar el auxilio de la fuerza pública para que se cumpla el mandato y se nos restituya la obra”, señaló.

El representante del consorcio también cuestionó la resolución del contrato efectuada por el GRA y sostuvo que la entidad no cumplió con requisitos previstos en la normativa de contrataciones. Argumentó que por el monto del proyecto se debió contratar una supervisión externa encargada de evaluar los entregables presentados por la empresa, lo que no se hizo. “La ley dice que toda obra mayor a S/4 millones 100 mil necesita una supervisión externa. Quienes hubieran sido los indicados para decir que nuestros entregables estaban mal era una supervisión externa, no los observadores de la entidad. Nunca hubo una supervisión en esta obra”, manifestó.

Asimismo, Barreto Santillán cuestionó el proceso mediante el cual se seleccionó al nuevo ejecutor de la obra y aseguró que el GRA no habría respondido a la solicitud de información sobre el expediente técnico y la propuesta económica presentada por el actual contratista. “Cuando nosotros solicitamos el expediente del nuevo consorcio, la entidad tenía 10 días hábiles para responder. Ya pasó más de un mes y no tenemos ninguna respuesta. Lo preocupante es por qué no quieren entregar esa información, ¿qué es lo que están ocultando?”, cuestionó.

En contraste, desde el GRA sostienen una posición distinta. La gestión regional argumenta que la medida cautelar no puede aplicarse porque el proyecto ya fue reactivado con otro contratista y que la Procuraduría Regional presentó recursos para cuestionar la decisión arbitral. El gobernador regional Rohel Sánchez señaló previamente que la resolución resulta “inejecutable” debido a que el nuevo ejecutor ya asumió la intervención y que la continuidad de la obra responde al interés de evitar una nueva paralización. Incluso deslizó la posibilidad de denunciar al tribunal arbitral, lo que amenaza con agudizar la controversia.

Como parte de esta controversia, el Consorcio Vial Caylloma presentó un escrito ante el Consejo Regional de Arequipa en el que solicita evaluar la suspensión o vacancia del gobernador regional, Rohel Sánchez, al considerar que la gestión habría incumplido la medida cautelar arbitral y la orden de ejecución emitida por el Poder Judicial. Asimismo, pidió que el Legislativo regional fiscalice las actuaciones de los funcionarios involucrados y exhorte al Ejecutivo a acatar los mandatos judiciales mientras se resuelve el arbitraje.

La vía Jachaña-Cayarani, valorizada en S/95,6 millones, debía beneficiar a los pobladores de las provincias Caylloma y Condesuyos. Mientras el Consorcio Vial Caylloma exige el cumplimiento de las disposiciones arbitrales y judiciales, el GRA mantiene su defensa legal para continuar con la ejecución del proyecto. De modo que su ejecución y culminación están actualmente en incertidumbre.