El Poder Judicial dispuso detención judicial contra Lugue Espinoza y Juan Chicata, dirigentes del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa, investigados por presunta exigencia extorsiva contra la empresa APM Contratistas Generales en una obra judicial de Cerro Colorado.

El Poder Judicial dictó siete días de detención judicial en caso de flagrancia contra Lugue Espinoza Valcárcel y Juan Chicata Orihuela, dirigentes de Construcción Civil de Arequipa, investigados por el presunto delito de exigencia extorsiva en agravio de representantes de la empresa APM Contratistas Generales S.A.C.

La medida judicial fue resuelta tras el requerimiento presentado por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, que solicitó ampliar el plazo de detención para ejecutar diligencias urgentes dentro de la investigación.

Los investigados Lugue Espinoza, secretario general del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa, y Juan Chicata Orihuela, secretario de Organización del mismo gremio, fueron intervenidos por la Policía Nacional luego de los incidentes registrados en una obra del Poder Judicial.

El caso se originó tras la denuncia presentada por representantes de APM Contratistas Generales, empresa a cargo de la construcción del nuevo local judicial ubicado en el sector de Semirural Pachacútec, en el distrito de Cerro Colorado. Según la denuncia, los dirigentes habrían exigido la contratación de personal en la obra.

La Fiscalía sostuvo que el requerimiento se formuló en el marco de un caso de flagrancia delictiva, luego de que personal policial interviniera a los imputados a raíz de los actos de violencia registrados el lunes en la zona de trabajo.

De acuerdo con la versión fiscal, durante los siete días de detención se realizarán declaraciones, pericias, revisión de comunicaciones y actuaciones con agraviados y testigos. Estas diligencias buscarán determinar si existió una exigencia extorsiva y cuál habría sido el grado de participación de cada investigado.

Los hechos previos incluyeron protestas en la obra del nuevo módulo de justicia de Cerro Colorado. Según la Fiscalía, manifestantes dañaron parte del cerco perimétrico, destruyeron cámaras de seguridad y generaron temor entre vecinos y trabajadores de la zona.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, rechazó los actos de violencia y señaló que, según información entregada por la empresa contratista, el perjuicio económico por la paralización y daños en la obra superaría los S/ 570 mil, además de un retraso superior a un mes.

En paralelo, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo abrió una investigación preliminar por la agresión a una periodista que cubría las protestas frente a la infraestructura judicial. La indagación buscará identificar a los responsables de ese ataque.

La detención judicial no constituyó una sentencia ni adelantó responsabilidad penal, pero marcó un nuevo punto de tensión entre el derecho a la protesta sindical y los límites legales frente a presuntas amenazas, daños o exigencias bajo presión. El caso continuará bajo investigación fiscal y control judicial en Arequipa.