Por: Carlos Meneses

Arequipa necesita obras, pero necesita aún más instituciones confiables. El desarrollo de una ciudad no depende únicamente del cemento y el acero, sino de la honestidad con que se administran los recursos públicos. Cada sol invertido pertenece a los ciudadanos y, por ello, las autoridades tienen la obligación de actuar con transparencia absoluta, asumir responsabilidades cuando corresponda y garantizar que los intereses de la población prevalezcan sobre cualquier interés particular. Solo así será posible recuperar la confianza y convertir las promesas de desarrollo en obras reales, eficientes y libres de toda sospecha.

La transparencia en la gestión pública no puede ser una consigna vacía ni un discurso reservado para las campañas electorales. Debe ser el principio que guíe cada decisión relacionada con el uso de los recursos del Estado, especialmente cuando se trata de proyectos millonarios destinados a resolver problemas que afectan diariamente a miles de ciudadanos. El caso del intercambio vial de las avenidas Pizarro y Hartley vuelve a poner en evidencia una preocupante debilidad en los procesos de contratación pública y la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas.

La observación formulada por la Contraloría General de la República sobre la licitación de una obra valorizada en más de S/ 22 millones no puede minimizarse. Si el único postor presentó información falsa o no verificable para acreditar la experiencia de su personal técnico, no solo se habría vulnerado el principio de integridad que rige las contrataciones del Estado, sino que también se habría puesto en riesgo la ejecución de una infraestructura estratégica para Arequipa.

El problema trasciende el ámbito administrativo. Detrás de cada expediente observado existen miles de ciudadanos que continúan soportando el caos vehicular, largas horas de desplazamiento y pérdidas económicas derivadas de una infraestructura insuficiente. Cuando una obra se retrasa por presuntas irregularidades, los principales perjudicados no son las empresas ni los funcionarios, sino la población que esperaba una solución concreta a una necesidad urgente.

Este caso también obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de las autoridades. No basta con anunciar proyectos de gran impacto ni con exhibir presupuestos millonarios. Gobernar implica garantizar que cada etapa del proceso se desarrolle con absoluta transparencia, desde la convocatoria hasta la adjudicación y ejecución de las obras. La ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones claras sobre cómo se evaluó la documentación presentada por el postor y por qué las inconsistencias detectadas por la Contraloría no fueron advertidas oportunamente por el comité de selección.

La confianza en las instituciones se construye con hechos. Por ello, la Municipalidad Provincial de Arequipa debe actuar con absoluta apertura, informar públicamente las acciones que adoptará frente a las observaciones y colaborar plenamente con las investigaciones que correspondan. Cualquier intento de minimizar los hallazgos solo profundizará la desconfianza ciudadana.

Del mismo modo, la Contraloría cumple un papel fundamental al detectar posibles irregularidades antes de que el perjuicio económico sea irreversible. Sin embargo, el control posterior no puede convertirse en la única barrera contra la corrupción. Las entidades públicas deben fortalecer sus propios mecanismos de evaluación para impedir que documentos cuestionables superen los filtros iniciales.