El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo fue arbitraria y exhortó al Estado peruano a disponer su liberación inmediata, además de otorgarle una indemnización y otras medidas de reparación conforme al derecho internacional.

El pronunciamiento, fechado el 4 de junio y difundido públicamente ayer jueves, sostiene que la privación de libertad del exmandatario vulneró disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Según el grupo de expertos independientes de la ONU, Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022 tras anunciar la disolución del Congreso sin que existiera una orden judicial, sin que se le informara formalmente los motivos de su arresto y sin respetarse la inmunidad que le correspondía como jefe de Estado.

El organismo también solicitó que se realice una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de la detención y que se determinen las responsabilidades por las presuntas vulneraciones de derechos fundamentales.

Asimismo, cuestionó que durante el proceso no se evaluaran medidas menos gravosas que la prisión preventiva y señaló que el exmandatario no tuvo acceso inmediato a un abogado de su elección. El informe también menciona presuntas presiones contra su defensa y una cobertura mediática que, según el grupo, habría afectado la presunción de inocencia.

Sin embargo, el pronunciamiento no fue unánime. Dos integrantes del Grupo de Trabajo consideraron que la detención sí tuvo sustento legal, al señalar que el mensaje televisado de Castillo constituyó un acto de ejercicio del poder y no una expresión protegida por la libertad de expresión.

Por su parte, el presidente-relator del organismo sostuvo una posición parcialmente discrepante, indicando que el discurso del entonces mandatario podría estar amparado por la libertad de expresión y que la arbitrariedad se configuró principalmente por la falta de justificación de la prisión preventiva.

El pronunciamiento se conoce mientras continúa el debate sobre un eventual indulto para el exmandatario. No obstante, tanto el Ministerio de Justicia como la Comisión de Gracias Presidenciales han rechazado los pedidos presentados, argumentando que la sentencia condenatoria aún no está firme y permanece en etapa de apelación ante la Corte Suprema.