La historia del puente Arequipa–La Joya ya ha estado marcada por retrasos y sobrecostos. Sería imperdonable que ahora también quede marcada por la improvisación. Antes que la ceremonia de inauguración, debe prevalecer la certeza de que cada ciudadano que cruce ese puente lo hará con la confianza de que transita sobre una infraestructura segura, confiable y construida conforme a los más altos estándares técnicos.

La inauguración del puente de la autopista Arequipa–La Joya debía convertirse en un motivo de orgullo para la región. Después de más de ocho años de retrasos, paralizaciones, arbitrajes, ampliaciones de plazo y un presupuesto que se incrementó de manera considerable, esta obra está llamada a transformar la conectividad y aliviar el tránsito en uno de los corredores viales más importantes del sur del país. Sin embargo, la celebración llega empañada por una pregunta que el Gobierno Regional de Arequipa aún no responde con claridad: ¿es prudente inaugurar una infraestructura sobre la que persisten observaciones técnicas relacionadas con su seguridad?

El reciente informe de la Contraloría General de la República no es un documento menor ni una simple observación administrativa. El órgano de control advierte que no se realizaron los estudios necesarios para verificar el comportamiento sísmico de los pilares del puente ni para determinar si requieren reforzamiento conforme a la normativa vigente. Es decir, no existe evidencia técnica suficiente que garantice que la estructura responde a las exigencias actuales frente a un eventual sismo, una omisión especialmente grave en un país altamente sísmico como el Perú.

El órgano de control no ha dispuesto la paralización de la inauguración, pero tampoco ha otorgado un certificado de tranquilidad. Lo que hace es señalar una incertidumbre técnica que el Gobierno Regional debió resolver antes de cortar la cinta. La diferencia es fundamental. Inaugurar una obra no significa que todas las responsabilidades técnicas hayan desaparecido. Por el contrario, implica asumir plenamente las consecuencias de ponerla al servicio de miles de ciudadanos.

Resulta preocupante que, además de la falta de estudios estructurales, el informe revele deficiencias en los accesos, consultas técnicas respondidas fuera de plazo y problemas en el diseño e instalación de las barreras de seguridad. Cada una de estas observaciones puede traducirse en mayores costos para el Estado, nuevas controversias contractuales o, peor aún, riesgos para los usuarios.

Más inquietante todavía es que estas advertencias aparezcan cuando la obra está prácticamente lista para ser inaugurada. Ello evidencia una preocupante falta de previsión y de gestión técnica. Las grandes obras públicas no deben medirse únicamente por su impacto político ni por la fotografía del día de la inauguración. Su verdadero éxito se evalúa por la calidad de su construcción, la transparencia de su ejecución y, sobre todo, por la seguridad que ofrecen durante décadas.

El Gobierno Regional tiene la obligación de actuar con absoluta transparencia. La ciudadanía merece conocer qué acciones concretas adoptará para atender las observaciones formuladas por la Contraloría, cuáles serán los plazos y quiénes asumirán las responsabilidades correspondientes. Guardar silencio o minimizar las advertencias solo alimenta la desconfianza.

Arequipa necesita infraestructura moderna, pero también obras técnicamente sólidas. La presión por cumplir un cronograma o mostrar resultados no puede imponerse sobre el rigor de la ingeniería ni sobre la protección de la vida humana. Ninguna obra pública, por emblemática que sea, justifica dejar dudas sobre su seguridad.