Por: Carlos Meneses

Recuperar el orden no es una tarea menor ni un objetivo secundario. Es la condición indispensable para construir una Arequipa más segura, competitiva y moderna. Sin orden, cualquier proyecto de desarrollo será insuficiente. Con orden, en cambio, la ciudad estará en mejores condiciones para aprovechar su potencial y ofrecer una mejor calidad de vida a las futuras generaciones.

Arequipa enfrenta un desafío que trasciende cualquier obra emblemática o promesa electoral: recuperar el orden. En una ciudad que ha crecido aceleradamente durante las últimas décadas, la planificación no ha avanzado al mismo ritmo. El resultado es evidente. El tránsito colapsa a diario, el comercio informal se expande sobre espacios públicos, la ocupación indebida de calles y veredas se normaliza y el cumplimiento de las normas parece cada vez más una excepción que una regla.

No se trata únicamente de una percepción ciudadana. Basta recorrer las principales avenidas para comprobar cómo las infracciones de tránsito generan congestión permanente; observar el incremento del comercio ambulatorio en el Centro Histórico; o advertir la contaminación visual provocada por propaganda política y publicidad instalada sin control. Todo ello refleja un problema mayor: el debilitamiento del principio de autoridad.

La discusión cobra especial importancia cuando Arequipa se prepara para elegir nuevas autoridades regionales y municipales. Es legítimo debatir sobre grandes proyectos de infraestructura, hospitales, carreteras o sistemas de transporte; sin embargo, ninguna de esas iniciativas tendrá el impacto esperado si antes no se restablecen las condiciones mínimas de orden y respeto por la ley.

El orden no significa ejercer una autoridad arbitraria ni llenar las calles de prohibiciones. Significa hacer cumplir reglas que ya existen y garantizar que sean iguales para todos. Cuando un vehículo se estaciona donde está prohibido sin recibir sanción, cuando un comerciante ocupa ilegalmente una vía pública o cuando la publicidad invade el patrimonio urbano sin consecuencias, el mensaje que recibe la ciudadanía es que incumplir la norma no tiene costo.

Ese escenario termina afectando mucho más que la circulación vehicular. Reduce la competitividad de la ciudad, desalienta inversiones, deteriora la imagen urbana y disminuye la calidad de vida de los propios arequipeños. Una ciudad desordenada es también una ciudad menos atractiva para el turismo, menos eficiente para el comercio y más costosa para quienes deben desplazarse diariamente.

Recuperar el orden exige decisiones que trasciendan una gestión municipal. Requiere coordinación entre el Gobierno Regional, los municipios provinciales y distritales, la Policía Nacional y las entidades responsables del transporte, la fiscalización y el desarrollo urbano. También demanda una ciudadanía comprometida con el respeto de las normas y consciente de que los derechos siempre van acompañados de responsabilidades.

Al mismo tiempo, es indispensable planificar el crecimiento de la ciudad con una visión de largo plazo. La reorganización del transporte público, la modernización de la red semafórica, el fortalecimiento de la fiscalización, la recuperación de los espacios públicos y la evaluación de nuevas alternativas de movilidad deben formar parte de una estrategia integral y no de medidas aisladas.

Arequipa dispone hoy de importantes recursos económicos provenientes del canon y las regalías mineras. El verdadero reto consiste en transformar esos recursos en mejores servicios, infraestructura útil y una ciudad más organizada. La planificación debe imponerse sobre la improvisación y las prioridades deben responder al interés colectivo.

La iniciativa de promover debates técnicos entre los candidatos a las próximas elecciones representa una oportunidad para elevar el nivel de la discusión pública. La ciudadanía necesita conocer propuestas viables, con metas concretas y mecanismos claros de ejecución, más allá de discursos o promesas difíciles de cumplir.