La inauguración del puente Arequipa–La Joya, una de las obras de infraestructura vial más esperadas de la región, continúa generando cuestionamientos. A solo unos días de haber sido puesto en funcionamiento, el Ministerio Público inició actuaciones preventivas para determinar si la apertura de la infraestructura se realizó cumpliendo las condiciones de seguridad necesarias, mientras que nuevos trabajos obligaron a restringir parcialmente el tránsito vehicular.

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MIENTRAS TANTO CONTINÚAN TRABAJOS EN LA OBRA

Mediante la Disposición Fiscal N.° 01-2026, emitida el 10 de julio, la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Arequipa dispuso el inicio de actuaciones preventivas ante la presunta comisión de lesiones culposas por inobservancia de reglas de profesión y omisión ilegal de acto de función, con el propósito de verificar si la habilitación del puente pudo poner en riesgo la integridad de los usuarios.

La intervención fiscal fue promovida a partir de la denuncia presentada por el consejero regional electo César Huamantuma, quien sostuvo que la apertura de la obra respondió más a criterios políticos que técnicos.

Según indicó, la infraestructura debió culminar todos los trabajos pendientes y superar las observaciones antes de ser entregada al servicio de la población.

«Primero se debía garantizar la integridad de las personas y después inaugurar la obra», manifestó Huamantuma, al cuestionar la decisión del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

FUE INAUGURADA, PERO CONTINÚAN LOS TRABAJOS

Aunque el puente fue habilitado oficialmente al tránsito el 13 de julio, apenas dos días después, el 15 de julio, fue necesario restringir parcialmente la circulación para permitir la ejecución de labores que aún permanecían pendientes.

Durante varias horas, personal de la empresa contratista realizó trabajos en las uniones entre el puente y la vía de acceso, además de labores de pintado y vaciado de elementos complementarios que habían sido observados por la supervisión del proyecto.

La intervención obligó a establecer cierres intermitentes del tránsito, generando congestión vehicular y malestar entre transportistas y usuarios que utilizaban la nueva infraestructura como principal conexión hacia la carretera Arequipa–La Joya.

Ante las críticas, el paso de vehículos fue restablecido parcialmente durante la tarde, mientras continuaban algunas labores en zonas específicas de la estructura.

La puesta en funcionamiento del puente permitió habilitar el primer componente del proyecto vial Arequipa–La Joya, considerado estratégico para mejorar la conectividad entre la ciudad, el valle de La Joya y el corredor logístico del sur del país.

Sin embargo, la obra estuvo marcada por sucesivas paralizaciones, modificaciones contractuales y ampliaciones presupuestales.

El proyecto demandó cerca de nueve años para su ejecución y su costo pasó de S/107,5 millones, contemplados en el expediente inicial, a S/171,1 millones, lo que representa un incremento superior a los S/63 millones.

Pese a su importancia para la región, la apertura del puente no logró cerrar el debate sobre las condiciones en las que fue entregado.

INVESTIGACIÓN

La actuación del Ministerio Público no constituye una investigación penal, sino un procedimiento preventivo destinado a verificar si existieron omisiones que pudieran derivar en riesgos para la seguridad de la población.

Como parte de estas diligencias, la Fiscalía podrá recabar información técnica, solicitar documentación relacionada con la recepción de la obra y evaluar si se cumplieron los protocolos exigidos antes de autorizar el tránsito vehicular.

El procedimiento cobra especial relevancia debido a que la empresa supervisora había advertido la necesidad de ejecutar trabajos complementarios que finalmente fueron realizados cuando la infraestructura ya se encontraba en servicio.

Para diversos especialistas en infraestructura, la situación reabre el debate sobre la necesidad de que las obras públicas sean entregadas únicamente cuando hayan concluido todas las etapas técnicas y administrativas previstas en el contrato, evitando que los trabajos continúen mientras los usuarios ya utilizan la infraestructura.

Mientras tanto, el puente Arequipa–La Joya continúa operando, aunque bajo el escrutinio de la Fiscalía y de diversos sectores que exigen determinar si la inauguración respondió a criterios estrictamente técnicos o si se adelantó su apertura sin haberse levantado todas las observaciones pendientes.