Disputa por carretera Jachaña-Cayarani escala entre GRA y Consorcio Caylloma
Consorcio acusa incumplimiento de medida cautelar y GRA rechaza paralizar obra vial. La ejecución de la carretera Jachaña-Cayarani continúa pese al arbitraje. Mientras el Gobierno Regional sostiene que la medida cautelar es “inejecutable”, el Consorcio Vial Caylloma afirma que la entidad desacata una resolución arbitral y advierte presuntas irregularidades en la aprobación del expediente técnico.
CONFLICTO SE AGRAVA
La disputa legal por la construcción de la carretera Jachaña-Cayarani se agudiza. El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ratificó que continuará con la ejecución de la obra, valorizada en S/95,6 millones, pese a la medida cautelar emitida dentro del arbitraje promovido por el Consorcio Vial Caylloma, al considerar que dicha resolución resulta «inejecutable» y excede los alcances de una medida cautelar de no innovar.
El conflicto se originó en septiembre de 2025, cuando el GRA resolvió el contrato con el Consorcio Vial Caylloma, encargado de elaborar el expediente técnico y ejecutar la vía, argumentando que el contratista no levantó las observaciones formuladas al expediente. Posteriormente, el 29 de diciembre de ese año, la entidad contrató a un nuevo ejecutor para continuar con el proyecto.
Sin embargo, el consorcio inició un arbitraje y obtuvo una medida cautelar de no innovar. El jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del GRA, Bradley Alarcón Manrique, sostuvo que el tribunal arbitral habría excedido sus atribuciones al suspender los efectos de la resolución contractual y ordenar actuaciones que, según afirmó, modifican una situación jurídica ya consolidada.
«El tribunal ha incurrido en prevaricato. Resuelven una situación contraria a lo que regula nuestro ordenamiento jurídico», declaró el funcionario, quien precisó que la Procuraduría Pública Regional ha solicitado la reconsideración de la medida cautelar.
Asimismo, cuestionó que el arbitraje se tramite ante el Centro de Análisis y Resolución de Disputas Alternativas de Comercio (CARDA), en Lima, cuando el contrato establecía que las controversias debían resolverse en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.
Por su parte, el gerente regional de Infraestructura, Fabián Enríquez Mamani, señaló que detener la obra perjudicaría a la población de Caylloma y Condesuyos, al sostener que el nuevo contratista asumió la ejecución antes del inicio del arbitraje y que no existía impedimento legal para continuar con los trabajos.
POSICIÓN DEL CONSORCIO
La versión del Consorcio Vial Caylloma difiere de la presentada por el Gobierno Regional. Su representante, Edwin Guaman, afirmó que el arbitraje continúa y que la Región viene incumpliendo la medida cautelar de no innovar emitida por el tribunal arbitral el 25 de mayo de este año.
Según explicó, la normativa establece que toda obra pública cuyo monto supera los cuatro millones de soles debe contar con una supervisión externa desde el desarrollo del proyecto. Sin embargo, aseguró que el GRA contrató dicha supervisión recién el 29 de mayo, cuatro días después de que la Gerencia Regional de Infraestructura aprobara el nuevo expediente técnico elaborado por el segundo consorcio ejecutor.
Para el representante del Consorcio Vial Caylloma, esa secuencia genera dudas sobre la legalidad del procedimiento seguido por la entidad regional y constituye uno de los principales argumentos que sustentan su demanda arbitral.
Guaman también expresó su preocupación por la falta de respuesta del Gobierno Regional frente a la medida cautelar y señaló que la sede central de la institución no cuenta actualmente con un jefe titular del Órgano de Control Institucional (OCI), sino únicamente con un funcionario encargado, situación que —a su criterio— debilita los mecanismos de control interno.
Mientras el GRA sostiene que paralizar la obra afectaría el interés público y defiende la legalidad de sus actuaciones, el Consorcio Vial Caylloma insiste en que la ejecución del proyecto vulnera la medida cautelar y que será el tribunal arbitral el que determine finalmente la validez de las decisiones adoptadas por ambas partes.
