El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, reafirmó su defensa de los derechos de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, al sostener que quienes combaten el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo deben contar con garantías legales para el cumplimiento de sus funciones.

Durante una entrevista, el legislador respaldó la reciente ley que modifica el Código Penal Militar Policial, norma que precisa el delito de función, fortalece el fuero militar policial y establece sanciones para efectivos que integren bandas u organizaciones criminales.

Rospigliosi afirmó que la iniciativa busca proteger a los policías y militares que actúan dentro del marco de la ley y evitar que sean sometidos a procesos paralelos por los mismos hechos. En ese sentido, sostuvo que ningún efectivo debe ser juzgado dos veces por un mismo delito, tanto en el fuero militar como en la justicia ordinaria.

El titular del Parlamento también expresó su preocupación por la situación de los militares que participaron en un operativo contra presuntos integrantes del narcoterrorismo en Colcabamba, región Huancavelica. Según indicó, los efectivos enfrentan procesos judiciales pese a haber cumplido con su deber, mientras que los presuntos delincuentes permanecen en libertad.

Asimismo, hizo un balance positivo de la legislatura que está por concluir y destacó la aprobación de normas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, la función militar y policial, así como la incorporación de los delitos de lesa humanidad al Código Penal. También resaltó las leyes que promueven el desarrollo de la industria naval y la construcción de un dique seco pospanamax en el puerto del Callao.

Rospigliosi consideró que uno de los principales logros del actual Congreso fue la restitución del sistema bicameral y recordó la vacancia del expresidente Pedro Castillo como una de las decisiones más relevantes adoptadas por el Parlamento.

Finalmente, descartó la posibilidad de un eventual indulto a Pedro Castillo, al señalar que el exmandatario mantiene un proceso de apelación en curso y que, en esas condiciones, una medida de esa naturaleza no tendría sustento legal.