TC aclara que fallo sobre Cerrón no determina su inocencia ni culpabilidad

La magistrada del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, afirmó que la reciente decisión del máximo intérprete de la Constitución que anuló la orden de prisión preventiva de 24 meses contra el exgobernador regional de Junín, Vladímir Cerrón, no implica un pronunciamiento sobre su inocencia o culpabilidad en el proceso que afronta por presunto lavado de activos en el caso Los Dinámicos del Centro.

En declaraciones a RPP, Pacheco explicó que la resolución aprobada por mayoría se limitó a evaluar la legalidad de la medida de prisión preventiva. Precisó que tres magistrados votaron a favor de declarar fundado el hábeas corpus presentado por la defensa de Cerrón, mientras que ella, junto con los magistrados Manuel Monteagudo y César Ochoa, se pronunciaron en contra.

Aunque expresó su desacuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, la magistrada señaló que corresponde respetar el fallo del colegiado. Asimismo, indicó que los magistrados que respaldaron el recurso consideraron que el Poder Judicial no sustentó de manera suficiente la permanencia de la prisión preventiva, especialmente respecto al peligro de fuga atribuido al líder de Perú Libre.

Pacheco sostuvo que, a su juicio, sí existían elementos para mantener la medida coercitiva. Recordó que Cerrón incumplió una de las reglas impuestas por la justicia, como participar mensualmente en audiencias virtuales, pese a que mantenía actividad en redes sociales y apariciones públicas.

La expresidenta del Tribunal Constitucional también descartó que la sentencia siente un precedente que favorezca a personas que decidan ocultarse para evitar la acción de la justicia. Explicó que el fallo únicamente cuestiona la falta de una «motivación reforzada» en la resolución judicial que dispuso mantener la prisión preventiva.

Finalmente, indicó que la decisión del TC establece que Vladimir Cerrón continúe afrontando el proceso bajo comparecencia y consideró que ahora corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial imponer las medidas necesarias para garantizar su presencia durante el desarrollo del proceso penal y evitar un nuevo riesgo de fuga.

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