Fiscalía pide cuatro años de prisión para

excongresista Cordero por recorte de sueldo

La Fiscalía solicitó cuatro años de prisión efectiva para la excongresista María Cordero Jon Tay, a quien acusa del presunto delito de concusión por haber utilizado, según la imputación fiscal, su cargo para exigir a un trabajador de su despacho la entrega de parte de su remuneración durante 2022.

El requerimiento fue presentado por la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos, de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. La representante del Ministerio Público sostiene que Cordero habría obligado al trabajador Rafael Cabrejos a entregarle el 50 % de sus haberes entre marzo y agosto de 2022.

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía pidió que la exparlamentaria sea inhabilitada durante diez años para ejercer cargos públicos. También solicitó que se le imponga una multa de 30 mil 200 soles, como consecuencia de la acusación por el presunto delito cometido en agravio del Estado.

El requerimiento fiscal también comprende al extrabajador del Congreso Alexander Paredes, para quien la fiscal Zoraida Ávalos solicitó igualmente cuatro años de prisión efectiva. De acuerdo con la acusación, Paredes habría intervenido como intermediario en la entrega del dinero.

En su caso, la Fiscalía también planteó diez años de inhabilitación para ejercer la función pública y el pago de una multa ascendente a 8 mil 438 soles con 40 céntimos.

Sin embargo, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento, es decir, el archivo del proceso, respecto del delito de cohecho activo genérico atribuido al extrabajador congresal Rafael Cabrejos. Esta parte del requerimiento deberá ser evaluada por el Poder Judicial.

El documento fiscal fue presentado el pasado 5 de julio ante el despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley. El magistrado dispuso que el requerimiento mixto, que contiene acusaciones y pedidos de archivo, sea puesto en conocimiento de las partes procesales durante un plazo de diez días.

Una vez culminado este periodo, el juez deberá establecer la fecha para la audiencia de control de acusación, correspondiente a la etapa intermedia del proceso. En esta fase se revisará la acusación fiscal y los elementos presentados antes de determinar si el caso debe avanzar hacia un eventual juicio oral.

Los hechos investigados corresponden al periodo en que Cordero ejercía funciones como congresista de la República. La investigación preparatoria fue formalizada después de que el Pleno del Congreso aprobara, el 14 de marzo de 2024, su suspensión del cargo y el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, permitiendo que pudiera ser procesada judicialmente por estos hechos.

La solicitud de la Fiscalía no constituye una sentencia. Corresponderá al Poder Judicial evaluar los argumentos de las partes y determinar si existen elementos suficientes para que el proceso continúe hacia la etapa de juzgamiento.