El expresidente Martín Vizcarra solicitó al Poder Judicial que disponga el cierre del proceso penal que enfrenta por el denominado caso ‘Richard Swing’, relacionado con la contratación de Richard Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura mediante órdenes de servicio.

La defensa legal del exmandatario presentó el pedido de sobreseimiento el pasado 15 de julio. Según el argumento de sus abogados, no existen elementos probatorios suficientes para sostener la acusación fiscal y los hechos atribuidos a Vizcarra no configurarían un delito.

Junto con esta solicitud, la defensa presentó otros recursos con los que busca que el proceso sea archivado. Entre ellos figura una excepción de improcedencia de acción, mediante la cual cuestiona la posibilidad de continuar penalmente con los hechos atribuidos al exmandatario. También planteó una cuestión previa, alegando la existencia de un defecto formal en la acusación presentada por el Ministerio Público.

Los pedidos serán evaluados durante la etapa intermedia del proceso, a cargo del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley. La audiencia está programada para el miércoles 18 de agosto, a las 9:30 de la mañana. En esta diligencia se revisará el contenido de la acusación y de los pedidos formulados por las partes para determinar si el caso reúne las condiciones necesarias para avanzar a juicio oral.

La Fiscalía presentó como acusación principal contra Vizcarra la presunta comisión del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado. Por este cargo, solicitó una condena de cinco años y cuatro meses de prisión, además de seis años y diez meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 304 días multa, equivalentes a 44 mil 627.20 soles.

De manera alternativa, el Ministerio Público atribuye al exmandatario el presunto delito de tráfico de influencias agravado. Para esta segunda calificación jurídica, solicitó seis años y ocho meses de prisión, la misma inhabilitación por seis años y diez meses y 611 días multa, equivalentes a 89 mil 694.80 soles.

En este proceso también figura la exministra de Cultura Patricia Balbuena, quien pidió que se declare fundado el requerimiento fiscal para archivar la imputación por peculado doloso agravado por apropiación a favor de tercero. Asimismo, solicitó que se rechace el pedido de reparación civil planteado por la Procuraduría General del Estado.

Actualmente, Vizcarra se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, cumpliendo una condena de 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, relacionada con los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, cuando ejerció como gobernador regional de Moquegua.