Dos diputados denunciaron la desaparición de bienes y equipos de sus oficinas en el nuevo edificio del Congreso de la República, situación que puso bajo cuestionamiento los controles de seguridad y el acceso de personal durante las labores de acondicionamiento de las instalaciones parlamentarias.

El diputado Raúl Jesús Camargo Porta, del Partido Cívico OBRAS, informó al oficial mayor del Congreso sobre la desaparición de un celular institucional y su cargador, que se encontraban en una caja dentro de su despacho, ubicado en el sótano uno del nuevo edificio.

Según su denuncia, el equipo fue visto por última vez al cierre de la oficina, el 31 de julio. Durante los días siguientes ingresaron trabajadores encargados de labores de instalación y acondicionamiento en distintos ambientes. Camargo señaló que no autorizó ni fue informado sobre el ingreso de terceros a su despacho.

Al retornar a la oficina, constató que el celular y el cargador habían desaparecido, mientras otros objetos permanecían en su lugar. El hecho fue comunicado a la Policía y el legislador solicitó preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad, así como los registros de ingreso y salida del edificio.

También pidió determinar las responsabilidades correspondientes y reforzar los protocolos de vigilancia y control.

Un segundo caso fue denunciado por el diputado Víctor Eduardo Piñán Mamani, también integrante de OBRAS. En su despacho desaparecieron una extensión eléctrica y adaptadores que habían sido adquiridos debido a que la oficina fue entregada sin infraestructura eléctrica suficiente.

Piñán señaló además que el 3 de agosto su personal encontró la puerta de la oficina abierta, pese a haberla dejado cerrada con llave. Al día siguiente, mientras una empresa contratista realizaba trabajos de infraestructura eléctrica, desapareció una caja de vitaminas que se encontraba sobre el escritorio de un asesor.

El legislador solicitó una investigación administrativa y pidió revisar los controles de ingreso de contratistas y terceros, además de evaluar las responsabilidades de la empresa encargada de las obras.

Los hechos ocurren en las primeras semanas de funcionamiento del Congreso bicameral, que inició funciones el 27 de julio. La instalación de los nuevos despachos ha implicado el ingreso constante de trabajadores y contratistas para completar labores de infraestructura, conectividad y acondicionamiento.

Los dos casos han generado preocupación por la seguridad interna del Parlamento y evidencian la necesidad de establecer controles estrictos sobre el acceso a las oficinas, custodiar los bienes institucionales y garantizar la conservación de los registros de vigilancia. Las investigaciones deberán determinar si se trató de hechos aislados o si existen deficiencias más amplias en los protocolos de seguridad del nuevo edificio parlamentario.