Emergencias no pueden esperar

a que termine burocracia

A puertas de la temporada de lluvias, resulta preocupante que los gobiernos locales tengan que demostrar que carecen de recursos para recibir apoyo del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), mientras la propia sede regional mantiene una ejecución de apenas 29,1% del presupuesto destinado precisamente a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias. La contradicción es evidente y merece una explicación pública.

Nadie cuestiona que los municipios deban asumir las responsabilidades que les corresponden. Es razonable exigir orden presupuestal, sustento técnico y evitar que las autoridades locales conviertan al Gobierno Regional en una caja chica para cubrir deficiencias de gestión. Pero una emergencia no puede convertirse en una competencia de trámites, declaraciones juradas y fichas que avanzan lentamente mientras las torrenteras, quebradas y puntos críticos permanecen expuestos.

El problema se agrava porque existen 90 Fichas Técnicas Referenciales de riesgo alto y muy alto elaboradas por la Autoridad Nacional del Agua entre 2025 y 2026 que, según la Contraloría, todavía esperan ejecución. No se trata de riesgos hipotéticos. Son advertencias técnicas que identifican lugares donde la población puede quedar expuesta ante lluvias intensas. Esperar a que ocurra un desastre para recién movilizar maquinaria y presupuesto sería una muestra de negligencia.

El GRA dispone de S/18,8 millones en el presupuesto 0068, pero hasta el 12 de agosto apenas había devengado S/5,4 millones. Mientras tanto, el gobernador Rohel Sánchez sostiene que se han invertido más de S/7 millones y anuncia montos mucho mayores para descolmataciones y proyectos. Las cifras, sin embargo, deben ser claras, verificables y transparentes. Si existen recursos disponibles, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué se ejecutó, dónde, cuánto costó y qué resultados produjo.

No basta con anunciar S/113 millones para descolmataciones ni proyectar S/324 millones que deberían ser asumidos por el Gobierno nacional. Las autoridades deben demostrar capacidad para ejecutar lo que ya tienen asignado.

La prevención no puede reducirse a discursos durante la emergencia. Tampoco puede depender de quién presenta correctamente una ficha o quién consigue acreditar primero que no tiene presupuesto. Las lluvias no esperan expedientes, y los huaicos tampoco revisan declaraciones juradas.

RESALTAR

Arequipa ya conoce las consecuencias de una gestión que reacciona tarde. Por ello, el GRA y los municipios deben dejar de trasladarse responsabilidades y concentrarse en una sola prioridad: proteger a la población. Si los puntos críticos están identificados, el riesgo está advertido y existen recursos, lo mínimo exigible es actuar antes de que la naturaleza cobre la factura. La inacción, esta vez, no podrá justificarse diciendo que nadie fue advertido.