Estados Unidos prepara una nueva fase de su estrategia contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico en América Latina, que contempla la posibilidad de realizar operaciones directamente en territorio terrestre, según anunció el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

La advertencia fue formulada durante su visita a Panamá, donde participa en ejercicios militares multinacionales junto con representantes de países aliados. Hegseth sostuvo que Washington busca desarrollar con sus socios una capacidad operativa similar a la empleada en acciones contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas internacionales.

El funcionario señaló que Estados Unidos viene coordinando con Ecuador y Colombia, entre otros países, para enfrentar a organizaciones de narcotráfico que Washington considera amenazas terroristas. Según explicó, la estrategia podría extenderse a cualquier lugar donde estas agrupaciones operen o representen una amenaza para ciudadanos estadounidenses y países aliados.

La declaración se produce después de que la administración del presidente Donald Trump iniciara, en septiembre del año pasado, una campaña de ataques contra presuntas embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. De acuerdo con la información citada por AFP, estas operaciones han dejado al menos 215 personas muertas.

Hegseth defendió el uso de la fuerza y afirmó que las organizaciones dedicadas al narcotráfico serán consideradas objetivos de las operaciones estadounidenses. Mencionó entre las amenazas el tráfico de cocaína, la distribución de fentanilo y grupos armados vinculados con el narcotráfico en Colombia.

La nueva estrategia se desarrolla en el marco de una alianza integrada por 19 países de América, impulsada por Washington para reforzar la cooperación contra los carteles. Entre sus integrantes figuran Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú.

México, pese a albergar algunas de las organizaciones criminales más poderosas de la región, no forma parte de esta coalición.

La postura estadounidense ha generado cuestionamientos de juristas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, especialmente por las operaciones contra embarcaciones sospechosas. Estos sectores han advertido que acciones letales sin un proceso judicial podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

Hegseth, sin embargo, defendió la política y afirmó que Washington no pretende limitarse a detener a los integrantes de estas redes, sino desmantelarlas utilizando todas las capacidades disponibles del Gobierno estadounidense.

La eventual expansión de las operaciones hacia tierra abre un nuevo escenario para la cooperación militar y de seguridad en América Latina y plantea interrogantes sobre sus alcances, jurisdicción y respeto al derecho internacional.