Por: Carlos Meneses

La seguridad ciudadana no puede depender indefinidamente de estados de excepción. El verdadero desafío es construir un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos todos los días, con o sin emergencia.

La decisión del Gobierno de ampliar por 60 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que las autoridades no pueden seguir postergando: ¿cuánto tiempo puede sostenerse una estrategia de seguridad basada principalmente en la presencia de policías y militares en las calles?

La ampliación busca mantener los operativos conjuntos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, especialmente en zonas vinculadas con el transporte y otros espacios considerados estratégicos. La medida responde a una realidad innegable: la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población y el Estado tiene la obligación de actuar frente al avance de la delincuencia y el crimen organizado.

Sin embargo, declarar o prorrogar un estado de emergencia no puede ser entendido como una solución permanente. Se trata de una herramienta excepcional que debería estar acompañada de resultados concretos, indicadores de cumplimiento y una estrategia de seguridad de largo plazo. De lo contrario, existe el riesgo de que una medida extraordinaria termine normalizándose sin resolver las causas que originan la violencia.

La participación de las Fuerzas Armadas puede ser necesaria para determinadas tareas de apoyo y vigilancia. Su presencia puede contribuir a proteger servicios esenciales, liberar personal policial y reforzar determinados puntos críticos. Pero la responsabilidad central de combatir la delincuencia corresponde a una Policía profesional, equipada, capacitada y con capacidad de investigación e inteligencia.

El problema tampoco se resuelve únicamente con más patrullaje. El crimen organizado requiere investigaciones financieras, inteligencia policial, coordinación entre instituciones, fiscales y jueces capaces de responder con rapidez, además de un sistema penitenciario que no siga funcionando como centro de operaciones para organizaciones criminales.

Precisamente, el anuncio de una mayor participación de las Fuerzas Armadas en establecimientos penitenciarios y zonas de frontera debe estar acompañado de objetivos claros. El control territorial y la vigilancia pueden ser necesarios, pero deben formar parte de una política integral contra las organizaciones criminales, el tráfico ilícito y otras actividades que aprovechan las debilidades del Estado.

La población necesita seguridad, pero también necesita saber que las medidas adoptadas funcionan. Cada prórroga del estado de emergencia debería ser evaluada sobre la base de resultados: reducción de delitos, desarticulación de bandas, recuperación de espacios públicos y mejora de la capacidad de respuesta de las instituciones.

El Gobierno no puede conformarse con administrar la emergencia. Debe utilizar estos periodos excepcionales para fortalecer las instituciones que deberán garantizar la seguridad cuando los militares regresen a sus funciones habituales.