Por Carlos Meneses

El boom minero representa una oportunidad que el Perú no puede desperdiciar. Pero una bonanza solo adquiere verdadero sentido cuando se convierte en desarrollo. Más inversión, mejor distribución del canon y reglas que permitan ahorrar en los años de abundancia son indispensables para que esta riqueza no termine siendo otra oportunidad perdida.

El Perú atraviesa un momento económico particularmente favorable por los elevados precios internacionales de los minerales. El cobre, el oro y otros metales se cotizan en niveles históricamente altos, generando mayores ingresos para el Estado y mejores perspectivas para las regiones productoras. Sin embargo, como advierte el exministro de Economía, Alonso Segura, esta bonanza no está siendo aprovechada plenamente por el país.

El problema no está en la falta de recursos naturales, sino en la incapacidad para convertir este escenario favorable en nuevas inversiones, proyectos mineros, empleo y crecimiento sostenible. Durante los últimos años, importantes iniciativas permanecieron paralizadas o avanzaron con excesiva lentitud, mientras otros países productores aprovecharon mejor el ciclo de altos precios.

Arequipa tiene razones para mirar con especial atención este escenario. En 2026, la región recibió más de S/ 1 171 millones por concepto de canon minero entre el Gobierno Regional y sus municipalidades, convirtiéndose en la segunda región con mayores transferencias a nivel nacional, después de Áncash. Es una cantidad considerable, pero la pregunta fundamental es qué tan bien se transforma ese dinero en obras, servicios públicos, infraestructura y oportunidades para la población.

Aquí aparece uno de los principales desafíos señalados por Segura: la distribución del canon. No parece razonable que dentro de una misma región existan enormes diferencias entre distritos productores y aquellos que, pese a compartir territorio, infraestructura, impactos ambientales o rutas de transporte vinculadas a la actividad minera, reciben recursos considerablemente menores.

La discusión no debería plantearse como una disputa entre regiones o municipios. Se trata de construir un mecanismo más equitativo que permita que los beneficios de la minería alcancen a un territorio más amplio. Una reforma de esta naturaleza requerirá acuerdos políticos y, sobre todo, voluntad para modificar un sistema en el que algunos ganan mucho mientras otros prácticamente quedan al margen.

También merece atención la propuesta de establecer mecanismos de ahorro o estabilización. Las épocas de precios extraordinariamente altos no serán eternas. Gastar todo durante la bonanza puede dejar a las regiones sin capacidad de respuesta cuando llegue una etapa de menores ingresos. Ahorrar una parte de los recursos en los años excepcionales permitiría financiar proyectos y servicios cuando cambie el ciclo económico.

La discusión tributaria también debe darse con responsabilidad. Evaluar si el sistema actual captura adecuadamente las ganancias extraordinarias de la minería es válido, pero cualquier modificación debe sustentarse en evidencia, competitividad y criterios técnicos, no en decisiones coyunturales.