A puertas de los efectos del Fenómeno de El Niño, 10 municipalidades de Arequipa no han ejecutado los recursos que tienen asignados para reducir el riesgo de desastres y otras 12 no superan el 40%. El contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui, cuestionó la gestión de las autoridades y atribuyó la baja ejecución, principalmente, a la falta de capacidad técnica para convertir el presupuesto en intervenciones.

CONTRALORÍA DE LA REPÚLICA EN AREQUIPA

El problema también alcanza al Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Según las cifras expuestas por Aguilar Surichaqui, la entidad tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/27.83 millones en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. De ese monto, S/16.47 millones, equivalentes al 59,2%, permanecen sin ejecutar. Lo que lo ubica entre los 7 gobiernos regionales con una ejecución presupuestal menor al 40%, considerada como “baja”. 

La situación se repite en los gobiernos locales. La evaluación de la Contraloría, actualizada al 28 de agosto, identifica a 22 municipalidades de Arequipa con una ejecución inferior al 40% del PP 0068. Seis superaron ese nivel durante el último periodo de seguimiento, mientras diez permanecen en 0%. Entre ellas figuran los distritos La Joya, Polobaya, Atico, Atiquipa, Cahuacho, Chala, Jaquí, Yauca, Uraca y Viraco.

Para Aguilar Surichaqui, los porcentajes evidencian una dificultad que no se limita a la disponibilidad de dinero. Las entidades deben contar con personal capaz de formular y ejecutar las intervenciones dentro de los plazos necesarios para reducir los riesgos. “Básicamente, evidencia una falta capacidad técnica en ejecución”, sostuvo.

El contralor también cuestionó que las autoridades trasladen a otras entidades la responsabilidad por las dificultades que enfrentan para ejecutar el presupuesto. Afirmó que los funcionarios deben insistir y buscar alternativas para resolver los obstáculos que se presenten. “Uno, como autoridad, tiene que insistir lo máximo que puede para intervenir ante emergencias. Para eso tienen la responsabilidad de una entidad”, declaró.

Asimismo, Aguilar Surichaqui remarcó que los recursos del PP 0068 tienen una finalidad preventiva. Por ello, cuestionó que las autoridades esperen a que ocurra una emergencia para reaccionar, cuando el presupuesto debe utilizarse para reducir los riesgos con anticipación. “Cuando usted tiene ese presupuesto, no es para que usted espere a que ocurra algo para reaccionar. La reacción tiene que ser la prevención”, señaló.

La comparación que realizó el contralor muestra que el problema de ejecución varía considerablemente entre las entidades públicas. Mientras algunas regiones superan el 70% de avance, otras permanecen por debajo del 40%. Arequipa se encuentra entre las jurisdicciones que requieren acelerar el gasto, tanto en el gobierno regional como en una parte de sus municipios.

La Contraloría reforzará el seguimiento a las entidades con menor ejecución. En esa línea, Aguilar Surichaqui anunció servicios de control para determinar qué está frenando las intervenciones y verificar si las autoridades cumplen los compromisos que asuman. La entidad busca detectar los problemas mientras todavía existe margen para corregirlos y evitar que las deficiencias de gestión terminen agravando los efectos de una emergencia.

La supervisión también abarcará la capacidad de respuesta de otros servicios públicos. El contralor señaló que los efectos del Fenómeno El Niño no se limitan a huaicos o inundaciones, sino que pueden comprometer carreteras, hospitales, medicamentos, equipamiento y otros servicios esenciales. Por ello, la comisión técnica especializada instalada en Arequipa realizará seguimiento a las medidas que adopten las entidades públicas.

El incumplimiento de las obligaciones funcionales puede generar responsabilidades administrativas e incluso penales, advirtió Aguilar Surichaqui. La prioridad de la Contraloría, sin embargo, es intervenir antes de que el riesgo se convierta en daño y no limitarse a determinar responsabilidades después de una emergencia. “Siempre la cultura preventiva es más cómoda, más barata que la cultura reparadora”, sostuvo.

El escenario deja una doble tarea para las autoridades de Arequipa. El GRA debe acelerar la ejecución de los S/16.47 millones que permanecen sin utilizar y los municipios rezagados deben convertir sus presupuestos en intervenciones concretas. Para las diez municipalidades que continúan en cero, el margen para corregir el retraso es cada vez menor mientras se aproxima el periodo de lluvias.