Congresistas de distintas bancadas expresaron su preocupación por el distanciamiento entre el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, al considerar que la falta de coordinación entre ambas instituciones podría perjudicar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

El parlamentario Jaime Abensur, de Fuerza Popular, sostuvo que las entidades vinculadas con la seguridad ciudadana deben mantener una coordinación permanente para enfrentar el incremento de la criminalidad. Señaló que sería lamentable confirmar las diferencias expuestas entre las autoridades y pidió escuchar también la posición de la Policía.

“Para ayudar a la población, todos tenemos que estar unidos”, afirmó el legislador, al remarcar que la lucha contra la inseguridad requiere un trabajo articulado entre las instituciones responsables.

En la misma línea, el presidente del Senado, Miguel Torres, calificó de preocupante que existan dificultades de comunicación entre el Ministerio Público y la PNP. Consideró que la ciudadanía espera que las autoridades cierren filas y actúen de manera conjunta frente a la inseguridad.

A su turno, el vocero de Ahora Nación, César Holguín, advirtió que el distanciamiento entre ambas instituciones afecta la cooperación interinstitucional. Según indicó, corresponde a la Fiscalía conducir las investigaciones, mientras que la Policía cumple un papel fundamental en las labores operativas y de investigación.

El parlamentario cuestionó las deficiencias que, a su criterio, pueden generarse cuando no existe una adecuada conducción y coordinación en las investigaciones penales.

Por su parte, Oliver Peña, de Juntos por el Perú, insistió en que tanto el fiscal de la Nación como el comandante general de la PNP deben trabajar coordinadamente para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Los legisladores coincidieron en que cualquier diferencia entre ambas instituciones debe ser resuelta mediante el diálogo y la coordinación, debido a que una confrontación entre organismos encargados de combatir el delito podría terminar debilitando la respuesta del Estado frente al crimen organizado y la inseguridad ciudadana.