Alrededor del 80% de los terrenos destinados a la creación del “Parque Minero Metalúrgico” y la “Central Eólica en Pampa Cápac”, en el distrito de Cháparra (Caravelí), estaría ocupado por concesiones mineras otorgadas con anterioridad. Esta situación amenaza el desarrollo del proyecto para modernizar el procesamiento de minerales de la pequeña minería. Lo que es peor, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no puede intervenir porque los terrenos son propiedad del Estado.

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El proyecto, impulsado por el GRA, contempla la instalación de 20 plantas de procesamiento, con capacidad para tratar hasta 7 000 toneladas de mineral por día, y una inversión superior a US$40 millones bajo la modalidad de proyectos en activos. La infraestructura busca atender a miles de mineros artesanales de Caravelí, Chala, Atico, Camaná y Condesuyos, quienes dependen de plantas privadas para procesar su producción. La iniciativa está acompañada de una Central Eólica con diez generadores y una capacidad de 20 megavatios.

La consejera regional por Castilla, Natividad Taco Cueva, presidenta de la comisión de Acondicionamiento Territorial del Legislativo regional, informó que las concesiones ocupan alrededor de mil hectáreas y fueron dadas a empresas de mediana minería. “Hemos solicitado el expediente completo para saber cómo se han otorgado concesiones y por qué no se han tomado en cuenta previamente. No se trata de pequeños mineros, son empresas de mediana escala. Nos preocupa porque hay dos empresas que ya están solicitando los permisos para iniciar a operaciones”, señaló.

A esto se suma que las 1 410 hectáreas de terreno siguen bajo administración de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). En noviembre de 2025, el Consejo Regional de Arequipa autorizó al GRA iniciar las gestiones para obtener la transferencia del predio. Sin embargo, más de diez meses después, el trámite aún no concluye. Taco Cueva advirtió que esperar la transferencia definitiva retrasará la posible ejecución del proyecto. “Si seguimos esperando una respuesta de la SBN, el proyecto no se va a dar. Al menos no en esta gestión. Se requieren acciones”, sostuvo.

Aunque las concesiones mineras ponen en riesgo la ejecución del proyecto, el GRA no puede intervenir ni promover la cautela de los terrenos porque no es titular del predio. Taco Cueva señaló que el GRA debe esclarecer la situación técnico-legal del terreno antes de adoptar medidas. Aunque el Ejecutivo regional planteó la posibilidad de emitir una ordenanza para custodiar el área, la legisladora descartó esa posibilidad. “El territorio no le pertenece al Gobierno Regional, así que no podemos gastar recursos o intervenir”, afirmó.

Ante este escenario, la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) y la Oficina de Acondicionamiento Territorial (OAT) evalúan solicitar a la SBN una transferencia provisional. Esta alternativa permitiría avanzar con la custodia del espacio mientras continúa el trámite principal ante la entidad. Desde el GRA también se elabora un informe de campo tras una visita al predio. Posteriormente, deberá emitirse el informe legal que determine las condiciones para continuar con las gestiones. No obstante, se desconoce cuánto tiempo demandaría concluir el proceso.

El expediente solicitado y los informes que prepara la OAT deberán establecer qué derechos existen sobre el área y si estos permiten que el proyecto continúe en el terreno previsto.