Presidente del TC defiende fallo que permitió revisar prisión preventiva de Cerrón
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, defendió la actuación del colegiado en el caso del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y sostuvo que el hecho de que una persona no se encuentre sujeta a la acción de la justicia no impide que pueda solicitar la revisión de una medida de prisión preventiva.
En su primera entrevista como titular del TC, Hernández explicó que el tribunal consideró necesario pronunciarse sobre el recurso presentado en el caso Cerrón debido a que la prisión preventiva es una medida cautelar y no determina la responsabilidad penal de una persona.
El magistrado señaló que la discusión sobre si corresponde revisar una medida judicial cuando el investigado se encuentra sustraído de la justicia ha sido abordada de manera distinta por la Corte Suprema. Según indicó, existen decisiones en las que se ha optado por no pronunciarse cuando el procesado no está sujeto al proceso, mientras que en otros casos sí se ha realizado una evaluación.
Hernández sostuvo que el TC aprovechó el caso para establecer un criterio general respecto a las garantías procesales. Precisó que el pronunciamiento no implica evaluar la responsabilidad penal de Cerrón, sino únicamente la legalidad de la medida cautelar impuesta en su contra.
El caso generó controversia debido a que Cerrón permanece prófugo de la justicia desde 2023 y, pese a ello, el TC admitió revisar aspectos relacionados con su prisión preventiva. El magistrado defendió la celeridad con la que actuó el tribunal y señaló que también se tomó en cuenta el calendario electoral y la institucionalidad vinculada a los comicios.
Durante la entrevista, Hernández también se refirió a la resolución del TC relacionada con la iniciativa de gasto del Congreso. Afirmó que la interpretación que permitió al Parlamento avanzar en este tipo de iniciativas corresponde a criterios adoptados por anteriores integrantes del tribunal.
El actual TC, sostuvo, intervino posteriormente para establecer límites y pautas que impidan que las iniciativas legislativas generen obligaciones presupuestales sin respetar las reglas de la hacienda pública.
Respecto a Petroperú, Hernández informó que el tribunal se encuentra en la etapa final de evaluación de las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra decretos vinculados con la empresa estatal.
