La solicitud del Ejecutivo para obtener facultades legislativas por 120 días enfrenta una creciente resistencia en la Cámara de Diputados. Ya son seis las comisiones que han considerado inviable el pedido para legislar en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, orden interno, régimen penitenciario y migración.

La última en pronunciarse fue la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que este jueves aprobó un informe contrario a la delegación de facultades. Con 11 votos a favor y cuatro en contra, el grupo de trabajo sostuvo que la propuesta del Gobierno no cumple con el requisito constitucional de precisar las materias sobre las cuales pretende legislar.

El informe señala que la solicitud relacionada con normativa penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria carece del nivel de precisión exigido por el artículo 104 de la Constitución.

Con esta decisión, Justicia se suma a las comisiones de Energía y Minas; Infraestructura, Vivienda y Transporte; Producción; Trabajo; y Ciencia, que también se pronunciaron en contra de otorgar las facultades.

El rechazo no ha sido uniforme dentro del Congreso. Las comisiones de Medio Ambiente y Defensa, por el contrario, consideraron viable la solicitud del Ejecutivo. La Comisión de Economía tiene previsto evaluar el pedido el lunes 14 de septiembre.

Durante la sesión de Justicia, la legisladora Roxana Rocha planteó que se concediera un cuarto intermedio para revisar el informe y considerar la exposición de motivos presentada por el Gobierno, que supera las 400 páginas. También propuso una fórmula alternativa para delimitar las facultades vinculadas con seguridad ciudadana.

Sin embargo, la propuesta no fue sometida a debate y la presidencia de la comisión decidió votar directamente el informe. Rocha dejó constancia de su desacuerdo y cuestionó el procedimiento seguido.

Pese a los pronunciamientos adversos, las opiniones de las comisiones no son vinculantes. La decisión final corresponderá al Pleno de la Cámara de Diputados, después de que la Comisión de Constitución elabore el dictamen correspondiente.

Las bancadas también podrían presentar un dictamen en minoría. Una vez agotada esta etapa, el pedido llegará al Pleno, donde necesitará mayoría simple para convertirse en ley.

El debate podría terminar además en un texto sustitutorio si las bancadas alcanzan acuerdos durante la discusión. De esta manera, el futuro de las facultades solicitadas por el Ejecutivo dependerá ahora de las negociaciones políticas y de la correlación de fuerzas en el Pleno.