Decano del CAP – Región Arequipa, Mario José Torres Pérez.

La oferta inmobiliaria crece en Arequipa, pero no siempre llega a quienes más necesitan una vivienda. Las exigencias para acceder a un crédito hipotecario y la limitada capacidad de pago dejan fuera del mercado formal a gran parte de la población. Ante ese escenario, desde el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) – Región Arequipa solicitaron que el Estado tenga un papel más activo en la generación de vivienda social.

En 2022, la brecha habitacional en Arequipa ascendía a 90 mil. Tras la actualización del Plan Regional de Vivienda y Suelo del Gobierno Regional la cifra superó las 110 mil viviendas. Aunque la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento impulsó de manera directa 2 proyectos de habilitación urbana masiva en terrenos del Estado, pero con financiamiento privado, durante la gestión 2023-2026 no logró disminuir la brecha.

Al respecto, el decano del CAP – Región Arequipa, Mario José Torres Pérez, sostuvo que la oferta inmobiliaria existente no garantiza el acceso a una vivienda para quienes no pueden cumplir las condiciones exigidas por las entidades financieras. Los requisitos para obtener un crédito, la capacidad de endeudamiento y las garantías terminan restringiendo el acceso de una parte de la población. “El privado puede cubrir una oferta, pero también pone condiciones que pueden restringir el acceso a una vivienda”, señaló.

En esa línea, Torres Pérez cuestionó que el Estado haya reducido su participación en la política habitacional y trasladado al mercado privado funciones que, según sostuvo, antes comprendían la habilitación, promoción, ejecución y construcción de vivienda colectiva. Consideró que los programas sociales continúan siendo necesarios, pero sus recursos resultan limitados frente a la magnitud de la demanda. “Si se busca cerrar el déficit habitacional el Estado tiene que volver a asumir ese rol”, afirmó.

El decano también advirtió que el crecimiento de la oferta inmobiliaria no necesariamente responde a la necesidad habitacional de la población. Explicó que el mercado desarrolla nuevas viviendas para hogares pequeños, como personas solas o parejas, mientras permanece pendiente una política de vivienda colectiva dirigida a familias que no pueden incorporarse al mercado convencional. A su juicio, el Estado debería intervenir nuevamente en la habilitación de suelo y en la promoción y ejecución de proyectos de vivienda social.

El planteamiento del CAP – Región Arequipa apunta así a que el déficit habitacional no sea abordado únicamente desde la cantidad de viviendas construidas, sino también desde la capacidad real de las familias para acceder a ellas. Para Torres Pérez, mientras el Estado mantenga una participación limitada y el acceso dependa principalmente del financiamiento privado, una parte de la demanda continuará fuera del mercado formal.