Por Carlos Meneses

Tres de cada diez locales escolares requieren demolición y reconstrucción por presentar riesgo de colapso alto o muy alto. El 28,2% de los 1 441 colegios evaluados carece de alguno de los servicios básicos, según un documento del IPE. Y, como si el deterioro de la infraestructura no fuera suficiente, apenas el 41,1% de los alumnos de cuarto grado alcanzó un nivel satisfactorio en lectura y solo el 38,5% lo hizo en matemática en 2025.

No estamos frente a simples estadísticas. Estamos hablando de niños que estudian en colegios inseguros y que, además, no están alcanzando los aprendizajes que deberían garantizarles un futuro con mayores oportunidades. ¿Qué clase de prioridad ha sido la educación para quienes han gobernado Arequipa?

El problema se repite en otros servicios fundamentales. El acceso al agua cayó de 89,5% en 2017 a 85,8% en 2025. Cerca de 148 mil arequipeños están fuera de este servicio. En salud, el 91,7% de los hospitales de segundo y tercer nivel tenía una capacidad instalada inadecuada en 2024. Y solo el 60% de los menores de tres años contaba con sus vacunas básicas completas en 2025.

Mientras tanto, la inseguridad golpea a una población cuya tasa de victimización llegó al 33,5%, por encima del promedio nacional.

La pregunta que deben responder las próximas autoridades no es cuántas obras piensan inaugurar. Tampoco cuántos millones pretenden ejecutar. La pregunta es mucho más elemental: ¿qué van a cambiar realmente en la vida de los ciudadanos?

Arequipa ha demostrado que gastar presupuesto no garantiza cerrar brechas. Hay obras paralizadas, proyectos que se anuncian durante años, expedientes que no avanzan y recursos que terminan sin traducirse en servicios adecuados. El problema, por tanto, no es únicamente la falta de dinero. Es también la incapacidad para planificar, priorizar, ejecutar y evaluar resultados.

Las elecciones subnacionales no pueden convertirse nuevamente en una competencia de promesas. Los ciudadanos necesitan saber qué harán las futuras autoridades frente a colegios que amenazan con colapsar, hospitales inadecuados, menor acceso al agua, baja vacunación y una inseguridad que no da tregua.

Arequipa no necesita otra administración dedicada a administrar el retraso. Necesita autoridades capaces de enfrentar las brechas, asumir responsabilidades y rendir cuentas por resultados.

Porque una obra no es un resultado. Una inauguración tampoco. El resultado es que el ciudadano reciba finalmente un servicio digno, seguro y oportuno. Esa debería ser la verdadera medida de cualquier gobierno.