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PROPONE EL IPE
Son necesarias reformas para generar empleo,
combatir la extorsión y mejorar la descentralización
El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó un conjunto de propuestas de política pública orientadas a enfrentar tres problemas que afectan directamente a las familias y a la actividad económica del país: la falta de oportunidades de empleo formal, el avance de la extorsión y las deficiencias de la gestión descentralizada.
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Las iniciativas fueron presentadas durante el seminario “Agenda de reformas prioritarias para el Perú”, que reunió a empresarios, académicos y periodistas. El paquete fue elaborado y consensuado por el IPE, Hágase Instituto, el Consejo Privado de Competitividad, Apoyo Consultoría y el Instituto de Criminología, con la adhesión de REDES.
Las organizaciones plantean, además, proyectos normativos destinados a facilitar la discusión y eventual implementación de las medidas.
MÁS EMPLEO FORMAL PARA LOS JÓVENES
Uno de los principales problemas identificados está relacionado con el empleo juvenil. Según el diagnóstico presentado, actualmente se han perdido más de 300 mil puestos de trabajo juvenil respecto de 2019, mientras que ocho de cada diez jóvenes que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad.
Entre las causas se encuentran la falta de información para elegir una carrera o especialidad, las dificultades para financiar la formación y la limitada conexión entre los estudios y las necesidades de las empresas.
Mayen Ugarte, presidenta ejecutiva de Horizonte Laboral, presentó un paquete de medidas que incluye el fortalecimiento de la plataforma Mi Carrera, con información actualizada sobre empleabilidad, ingresos y trayectoria de los egresados. La finalidad es que estudiantes y familias puedan comparar alternativas de formación antes de tomar decisiones.
También se propone impulsar la formación dual, que combina estudios con aprendizaje práctico en empresas, ampliar los créditos educativos mediante garantías compartidas entre el Estado y las instituciones educativas y establecer un subsidio temporal para promover la contratación formal de jóvenes.
El paquete incorpora medidas vinculadas a la productividad. Entre ellas figura precisar la deducción tributaria de los gastos de capacitación y facilitar bonos asociados al cumplimiento de metas. Asimismo, plantea distribuir el 75% de las utilidades de acuerdo con las remuneraciones y el 25% según los días laborados.
Otra propuesta plantea modificar el esquema de protección frente al despido arbitrario, elevando la indemnización y reservando la reposición para casos de despido nulo, como aquellos relacionados con discriminación, embarazo o libertad sindical.
También se plantea modificar la evaluación de SUNAFIL para considerar resultados como la incorporación de trabajadores a planilla, el acompañamiento a las MYPE y la prevención de riesgos, además de evitar que los incentivos de sus funcionarios estén vinculados a la imposición de multas.
UNA ESTRATEGIA CONTRA LA EXTORSIÓN
El segundo eje está relacionado con la seguridad ciudadana y el impacto de la extorsión sobre las actividades económicas. El diagnóstico señala que las denuncias fiscales por este delito se multiplicaron 5.5 veces desde 2021.
Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología, propuso crear el Sistema Nacional de Intervención Territorial contra la Extorsión y el Crimen Organizado (SINEX), bajo conducción de la Presidencia del Consejo de Ministros.
La propuesta plantea identificar y priorizar territorios según el nivel de riesgo criminal y el impacto económico y social. En esas zonas se coordinarían investigaciones, operativos y acciones preventivas entre la Policía, el Ministerio Público y otras entidades competentes.
El modelo también considera la interconexión de bases de datos para identificar patrones, vínculos y estructuras criminales. Las intervenciones serían evaluadas mediante indicadores de victimización y recuperación del control territorial, además de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
La implementación, según la propuesta, comenzaría mediante experiencias piloto que permitan evaluar los resultados antes de una expansión progresiva.
REVISAR LA DESCENTRALIZACIÓN
El tercer eje aborda la descentralización. El diagnóstico sostiene que la transferencia de funciones y recursos hacia gobiernos regionales y municipales no ha garantizado mejoras sostenidas en la calidad de los servicios públicos.
La propuesta presentada por Paola Bustamante, directora de Hágase Instituto, plantea modernizar la Ley de Bases de la Descentralización y establecer un mecanismo público para evaluar el cierre de brechas.
Para ello se propone crear un Consejo Independiente adscrito a la PCM, encargado de medir acceso, cobertura y calidad de servicios relacionados con competencias compartidas o delegadas. También deberá identificar las causas que impiden alcanzar mejores resultados.
La iniciativa contempla fortalecer la Secretaría de Descentralización de la PCM y revisar la distribución de funciones entre los distintos niveles de gobierno. Asimismo, plantea incorporar progresivamente transferencias con criterios de desempeño y vincular parte del financiamiento a resultados verificados.
RESALTAR
Las tres propuestas colocan en agenda reformas que buscan modificar problemas estructurales: más empleo formal para los jóvenes, una respuesta articulada frente a la extorsión y una descentralización evaluada por los servicios que finalmente reciben los ciudadanos.
