Por: Dr. David Espinoza.

Este domingo 4 de octubre, los peruanos tendremos nuevamente en nuestras manos una decisión que considero fundamental para el futuro de las regiones, provincias y distritos. Más de 26 millones de ciudadanos estamos convocados para elegir a 13,148 autoridades regionales y municipales; por ello, no debemos entender esta elección simplemente como el acto de marcar un símbolo o escoger un nombre en una cédula. Con nuestro voto estaremos entregando poder y, sobre todo, la responsabilidad de administrar los recursos que pertenecen a todos y quienes resulten elegidos decidirán qué obras se ejecutan, cuáles se priorizan, quiénes ocuparán cargos de confianza y hacia dónde se orientarán importantes cantidades de dinero público durante los próximos cuatro años.

MARQUEMOS LA CÉDULA CON RESPONSABILIDAD

Por esta razón considero necesario recordar que nuestro voto no puede convertirse en un cheque en blanco, cuando elegimos a un alcalde o a un gobernador no le estamos entregando recursos para que disponga de ellos libremente; le estamos confiando temporalmente recursos que pertenecen a todos y que deberían usarse para resolver nuestras necesidades. Un sol que se pierde por corrupción, incapacidad o mala administración es un sol que deja de utilizarse en una posta médica, un colegio, una carretera, seguridad ciudadana o servicios de agua y saneamiento. Finalmente, quienes terminamos pagando las consecuencias somos los propios ciudadanos.

EL COSTO DE ELEGIR MAL

Cuando revisamos las cifras de la Contraloría podemos comprender mejor la dimensión del problema. Durante 2023 se estimó que la corrupción y la inconducta funcional ocasionaron un perjuicio cercano a S/ 24 268 millones, aproximadamente el 12,7 % del presupuesto público ejecutado. Lo que más debería preocuparnos en estas elecciones es que alrededor de S/ 7 615 millones correspondieron a gobiernos regionales y S/ 4 660 millones a gobiernos locales. No estamos hablando solamente de estadísticas: detrás de esos recursos existen hospitales, colegios, carreteras y servicios públicos que pudieron atender necesidades concretas de la población. Además, las mayores afectaciones se concentraron en inversión, abastecimiento y recursos humanos. Esto demuestra, desde mi punto de vista, que la corrupción no consiste únicamente en apropiarse directamente del dinero público; también puede manifestarse mediante contrataciones, adquisiciones, expedientes deficientes, ampliaciones presupuestales o decisiones administrativas perjudiciales. Por ello, antes de votar no deberíamos preguntarnos solamente qué promete un candidato, sino quién administrará nuestros recursos, con qué equipo lo hará y quién controlará esa administración.

AREQUIPA NO ES AJENA AL PROBLEMA

Según la estimación publicada por la Contraloría para 2023, Arequipa registró aproximadamente S/ 928 millones de perjuicio extrapolado por corrupción e inconducta funcional, ubicándose entre las regiones con mayores montos estimados del país. Pero decir S/ 928 millones puede parecernos simplemente una enorme cifra estadística. Para comprender realmente su dimensión debemos preguntarnos:

¿QUÉ REPRESENTAN S/ 928 MILLONES PARA AREQUIPA?

Los siguientes cálculos son equivalencias referenciales y supuestos por el consultor, construidas utilizando costos de proyectos públicos reales ejecutados o proyectados en Arequipa; no significa que exactamente estas obras hayan dejado de construirse ni que los S/ 928 millones correspondan íntegramente a delitos judicialmente comprobados, sirven para dimensionar qué capacidad de inversión representa semejante cantidad de recursos.

En salud, tomando como referencia el Hospital Alto Inclán de Mollendo, cuya construcción demandó aproximadamente S/ 70,2 millones, los S/ 928 millones equivaldrían al costo de aproximadamente 13 hospitales de esa magnitud. Si utilizamos como referencia un proyecto de mayor complejidad, el nuevo Hospital Goyeneche, valorizado aproximadamente en S/ 528,2 millones, esos recursos permitirían financiar un hospital completo de esas características y todavía quedarían cerca de S/ 400 millones para otras inversiones.

En educación, la nueva infraestructura del emblemático Colegio Arequipa representa aproximadamente S/ 91 millones y está diseñada para atender alrededor de 1 920 estudiantes. Los S/ 928 millones equivaldrían, por tanto, al costo de aproximadamente 10 colegios de esa magnitud, con una capacidad referencial conjunta cercana a 19 000 estudiantes.

En infraestructura vial, la carretera Majes–Lluta–Huambo comprende aproximadamente 112 kilómetros y representa una inversión superior a S/ 185 millones. Utilizando exclusivamente ese proyecto como referencia, S/ 928 millones equivaldrían aproximadamente a 560 kilómetros de carretera.

En agua y saneamiento, un proyecto ejecutado en Camaná demandó aproximadamente S/ 7,54 millones y benefició a más de 2 900 habitantes mediante redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias. Los S/ 928 millones representarían aproximadamente 123 proyectos de una magnitud económica semejante, que, solo como ejercicio ilustrativo y bajo una escala similar, podrían alcanzar a alrededor de 350 000 personas.

LAS OBRAS PARALIZADAS TAMBIÉN TIENEN ROSTRO HUMANO

Una obra paralizada no es únicamente concreto abandonado. Un hospital paralizado significa pacientes esperando; una carretera inconclusa significa tiempo y dinero perdido, pequeñas y microempresas que no emprenden; un colegio sin terminar significa estudiantes que continúan en instalaciones inadecuadas; y una obra de saneamiento detenida significa familias esperando servicios básicos.

A enero de 2024, la Contraloría registraba 95 obras paralizadas en Arequipa, con un costo actualizado aproximado de S/ 3 833 millones. Para junio del mismo año ya reportaba 110 obras paralizadas, cuyo costo actualizado superaba los S/ 4 147 millones.

Posteriormente, un informe que utilizó información a marzo de 2025 señaló que Arequipa figuraba entre los departamentos con mayor valor económico comprometido en obras paralizadas, con aproximadamente S/ 7 709 millones. Una obra paralizada no constituye automáticamente evidencia de corrupción. Puede responder a problemas contractuales, técnicos, presupuestales o legales. Pero para el ciudadano existe una consecuencia evidente: dinero comprometido y servicios que no llegan oportunamente.

UN HOSPITAL QUE EXPLICA MUCHO

El hospital Maritza Campos constituye un ejemplo especialmente significativo. La obra comenzó en 2018 con aproximadamente S/ 134,1 millones y posteriormente aumentó a alrededor de S/ 148,8 millones. Según informó la Contraloría el 2025, permanecía paralizada desde junio de 2023 y presentaba aproximadamente 58 % de avance físico frente a 90 % de avance financiero. Además, equipos biomédicos y material clínico valorizados en más de S/ 53,2 millones permanecían almacenados. Estas cifras deberían hacernos reflexionar cada vez que durante una campaña escuchamos anunciar hospitales, carreteras, puentes o grandes infraestructuras. Nuestra pregunta no debería ser solamente qué van a construir, sino cuánto costará, cómo se financiará, quién lo ejecutará, quién lo supervisará y en cuánto tiempo estará funcionando.

LA CORRUPCIÓN NO SOLAMENTE SUSTRAE DINERO: SAQUEA EL DESARROLLO

La Contraloría estimó que durante 2022 la corrupción e inconducta funcional habrían producido un perjuicio económico nacional de aproximadamente S/ 24 419 millones. De ese monto, alrededor del 56 %, equivalente a S/ 13 721 millones, correspondía conjuntamente a gobiernos regionales y municipalidades. Entre agosto y diciembre de 2024, además, la Contraloría comunicó a entidades públicas más de 36 000 situaciones adversas mediante 19 569 informes de control simultáneo. De ellas, 17 995 correspondían a gobiernos locales y 7 448 a gobiernos regionales. Arequipa tampoco estuvo al margen. Durante 2023, la Contraloría determinó presuntas responsabilidades vinculadas a 401 funcionarios y servidores públicos, producto de 119 informes de control posterior. Se identificaron 195 presuntas responsabilidades administrativas, 192 civiles y 170 penales, considerando que una misma persona podía estar comprendida en más de un tipo de responsabilidad. Una presunta responsabilidad no equivale a una condena. Pero la magnitud de las observaciones demuestra por qué necesitamos instituciones de control y ciudadanos vigilantes.

NECESITAMOS AUTORIDADES HONESTAS, PERO TAMBIÉN CAPACES

No toda pérdida del Estado proviene necesariamente de corrupción. También existe incapacidad, improvisación y mala planificación. Un expediente técnico deficiente puede generar adicionales de obra; una planificación incorrecta puede terminar paralizándola; una mala contratación puede provocar arbitrajes y una deficiente supervisión puede permitir problemas constructivos. En mayo de 2025, por ejemplo, la Contraloría alertó sobre el deterioro prematuro de la avenida Jesús, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Arequipa. El proyecto comenzó con aproximadamente S/ 9,77 millones y terminó superando los S/ 20,4 millones, después de modificaciones, ampliaciones y variaciones presupuestales.

Esto no demuestra por sí mismo corrupción. Pero demuestra que el ciudadano tiene derecho a preguntar por qué una obra puede terminar costando más del doble de lo inicialmente previsto.

Por eso nuestra exigencia debe ser doble, necesitamos autoridades honestas y necesitamos autoridades capaces. Durante las campañas observamos principalmente al candidato, su rostro aparece en carteles, entrevistas, redes sociales y mítines. Sin embargo, una administración regional o municipal está conformada también por gerentes, subgerentes, asesores y funcionarios responsables de logística, infraestructura, presupuesto, administración y desarrollo urbano y siempre deberíamos preguntarnos ¿Con quién piensa gobernar? Una autoridad puede tener buenas intenciones, pero si está rodeada de funcionarios improvisados o personas que utilizan el Estado para intereses particulares, toda la administración puede terminar comprometida. El voto responsable debe observar al candidato, pero también su trayectoria, sus propuestas, su equipo y su capacidad para administrar.

ESTE DOMINGO NO ENTREGUEMOS UN CHEQUE EN BLANCO

El próximo 4 de octubre entraremos solos a una cámara secreta. No estarán allí los candidatos, los spots publicitarios, los mítines, las encuestas ni los regalos, estaremos nosotros frente a una cédula y frente a nuestra responsabilidad ciudadana; antes de marcar una opción deberíamos recordar los S/ 24 268 millones que la Contraloría estimó como perjuicio nacional por corrupción e inconducta funcional durante 2023, deberíamos recordar también los aproximadamente S/ 928 millones estimados para Arequipa y comprender lo que económicamente representan: hospitales, colegios, carreteras, agua potable y miles de oportunidades de desarrollo. Pero, fundamentalmente, debemos recordar algo: el dinero público es nuestro dinero; no pertenece al gobernador, no pertenece al alcalde, no pertenece a los funcionarios, no pertenece al partido político. Pertenece a la sociedad y debe regresar a ella convertido en infraestructura, servicios y oportunidades.

Este domingo elegiremos a quienes administrarán una parte importante de nuestros recursos durante los próximos cuatro años. Podemos equivocarnos; ninguna democracia garantiza candidatos perfectos. Pero podemos reducir considerablemente ese riesgo mediante información y vigilancia, revisemos las hojas de vida, comparemos propuestas, preguntemos quiénes conformarán los equipos técnicos, analicemos experiencia y capacidad de gestión.

Consultemos antecedentes utilizando fuentes oficiales, desconfiemos tanto de las promesas imposibles como de las acusaciones sin pruebas; y después de las elecciones, independientemente de quién resulte elegido, mantengamos la misma exigencia. Porque el voto ciudadano no puede significar cuatro años de silencio, debe significar también cuatro años de vigilancia democrática.

Arequipa posee enormes posibilidades de desarrollo, pero mantiene grandes necesidades pendientes. No podemos permitirnos seguir pagando el costo de la corrupción, la improvisación y la falta de planificación. Este 4 de octubre tendremos un lápiz en nuestras manos durante apenas unos minutos y con él adoptaremos una decisión cuyos efectos durarán cuatro años y cuyas consecuencias, en determinadas obras y decisiones, podrían acompañarnos durante décadas: Pensemos antes de votar, investiguemos antes de confiar, fiscalicemos después de elegir; porque cuando entregamos nuestro voto sin informarnos podemos estar entregando mucho más que una preferencia electoral.

Podemos estar entregando las llaves de nuestros recursos, nuestras obras y nuestro futuro.

EL VOTO NO ES —Y NUNCA DEBERÍA CONVERTIRSE— EN UN CHEQUE EN BLANCO.