Por Carlos Meneses

El desafío, por tanto, no termina el 4 de octubre. La democracia exige votar, pero también contar bien, resolver conforme a ley, garantizar seguridad y proclamar resultados legítimos. La autoridad electoral tiene ahora un cronograma preciso. Lo que corresponde es cumplirlo sin atajos, sin privilegios y sin demoras.

El proceso electoral no termina cuando se cierren las urnas este domingo. En realidad, allí comienza otra etapa igualmente delicada: el conteo definitivo, la resolución de las actas observadas, los eventuales recuentos y, en determinadas regiones, una segunda elección. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya estableció el 29 de noviembre como fecha para la Segunda Elección Regional, siempre que ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador alcance al menos el 30 % de los votos válidos en las distintas regiones.

La decisión obliga a mirar más allá de los resultados preliminares. La voluntad expresada en las urnas debe ser respetada, pero también debe garantizarse que cada voto sea correctamente contabilizado. Para ello, el JNE fijó el 11 de octubre como plazo para que la ONPE entregue a los Jurados Electorales Especiales la totalidad de las actas observadas de las elecciones regionales. Además, estableció el 28 de octubre como fecha límite para las audiencias públicas de recuento de votos.

Estos plazos no son un asunto meramente administrativo. De su cumplimiento dependerá que los resultados finales sean conocidos con oportunidad y que las autoridades electas puedan ser proclamadas sin demoras innecesarias. En una elección tan extensa y compleja, cualquier retraso alimenta dudas, especulaciones y desconfianza.

El JNE también ha requerido al Poder Ejecutivo adoptar medidas para garantizar la seguridad e integridad de candidatos, miembros de mesa, trabajadores electorales y ciudadanos. Las regiones policiales deberán reforzar la protección de los locales y oficinas electorales antes, durante y después de la jornada.

La advertencia resulta pertinente. No basta con organizar una elección; hay que protegerla. En las zonas donde las vías hayan sido afectadas por el Fenómeno El Niño o existan problemas de criminalidad o conflictividad electoral, el traslado del material deberá coordinarse con las Fuerzas Armadas.

El país necesita que el domingo transcurra con normalidad, pero también necesita que los días posteriores estén marcados por la transparencia y no por la improvisación. Cada acta observada debe tener una explicación y cada recuento debe realizarse conforme a las reglas.

La eventual segunda vuelta del 29 de noviembre será consecuencia de lo que decidan los electores este domingo, no de acuerdos de cúpula ni de negociaciones posteriores. Si ninguna fórmula regional supera el umbral legal, corresponderá volver a las urnas.