Por José Luis Bravo Russo

Los hechos de violencia que están ocurriendo en algunos centros educativos del país dicen mucho de lo que, como padres, familias y sociedad, estamos haciendo, o dejando de hacer, por la salud mental de nuestros hijos. Y esto sí que preocupa.

Adolescentes involucrados en agresiones sexuales, escolares atacados con cuchillos, jóvenes que han perdido la vida por conflictos aparentemente insignificantes y menores víctimas de brutales agresiones de sus propios compañeros son la noticia de cada día. No importa la condición social, el barrio, el colegio o la familia. Solo los une su pubertad y adolescencia.

Frente a estos hechos, la primera reacción suele ser pedir sanciones más severas. Pero hoy quiero plantear esta pregunta, ¿qué estamos haciendo para prevenir que nuestros hijos lleguen a estos niveles de violencia?

El problema no empieza necesariamente en el momento en que un adolescente toma un cuchillo o agrede verbal, física o sexualmente a otro. Muchas veces existen señales anteriores que no estamos viendo o no queremos atender. Violencia familiar, abandono emocional, bullying, conflictos no resueltos, exposición permanente a contenidos violentos, presión social, aislamiento y dificultades para manejar la frustración pueden convertirse en factores que afectan profundamente a un menor.

La salud mental de nuestros niños y adolescentes no puede ser responsabilidad exclusiva de los colegios. Se necesita un trabajo integral del Estado, que articule salud, educación, familia, protección de la niñez y seguridad, con gobiernos regionales y locales.

No solo basta con atender una crisis cuando ya ocurrió. Hay que identificar las señales de alerta, acompañar a las familias, fortalecer la orientación psicológica en las escuelas y crear verdaderos programas permanentes de prevención y educación emocional.

El Estado peruano ha avanzado en la expansión de los Centros de Salud Mental Comunitaria, pero el desafío es mucho mayor. Necesitamos llevar la prevención allí donde están nuestros niños y adolescentes antes de que se agrave la crisis. Un estudiante que cambia radicalmente de conducta, que se aísla, que es víctima de acoso o que manifiesta comportamientos violentos necesita ser escuchado y acompañado, no simplemente castigado.

No podemos pedir adolescentes emocionalmente saludables si como familia o sociedad hemos normalizado la indiferencia frente a sus problemas.

Combatir la delincuencia y la inseguridad es necesario, pero será insuficiente si no enfrentamos algunas de sus raíces. La salud mental debe ser entendida como una política de Estado y no como una respuesta ocasional frente a una tragedia, como es el caso del colegio Liceo Naval Almirante Guise.

Este es un gran desafío para el Gobierno. La inseguridad, la corrupción y la salud mental deben formar parte de una agenda nacional que mire no solo el presente, sino también el país que estamos construyendo para nuestros hijos. Porque un país que quiere crecer económicamente también debe preocuparse por formar ciudadanos emocionalmente sanos, capaces de convivir, donde se respeta la vida y se resuelven sus conflictos sin violencia.

Nuestros hijos no requieren únicamente más vigilancia. Necesitan adultos presentes, familias que escuchen, colegios que prevengan y un Estado que actúe a tiempo.